La jueza federal María Servini de Cubría ordenó la detención de 20 imputados por crímenes cometidos en España durante el franquismo para que sean extraditados e indagados como sospechosos de distintos delitos graves.
"Los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal", sostuvo la jueza.
Desde hace cuatro años Servini de Cubría investiga los "crímenes del franquismo" en base a las denuncias de varias víctimas, como Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, ejecutado cuando era alcalde de Castro de Rei; o Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, fusilado cuando también era alcalde en Salamanca.
En marzo de 2013 la magistrada ya había solicitado a las autoridades españolas la detención preventiva de cuatro ciudadanos de ese país para interrogarlos: Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco, considerados responsables del delito de tortura.
Ahora, en una nueva resolución de casi 300 páginas, la magistrada ordenó detener a Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo, José María Sánchez-Ventura Pascual, Alfonso Osorio García, Jesús Quintana Saracíbar, Carlos Rey González, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rodolfo Martín Villa, Jesús Cejas Mohedano y Antonio Troncoso de Castro, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas".
La lista la completan Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortes, Atilio del Valle Oter y Abelardo García Balaguer.
A este último se le imputa el delito de sustracción de un menor de 10 años, sancionable con las penas de 5 a 15 años de prisión.
"Todas las personas cuya imputación y detención a efectos de que presten declaración indagatoria se solicitará, tienen fijada su residencia en España. Por tal motivo (...) procede que esta Magistrado curse específicamente a las autoridades españolas pedido de detención, en el marco del procedimiento de extradición previsto en el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal celebrado entre la República Argentina y el Reino de España", sostuvo la magistrada.
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