El pasado viernes 24 de octubre, en su 26ª reunión plenaria celebrada en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió por consenso unánime de sus 36 países miembros sacar a la Argentina del proceso de seguimiento intensivo al cual se encontraba sometida junto a otros Estados con deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el delito de lavado de activos, otros ilícitos contra el sistema financiero y el financiamiento del terrorismo. La decisión implica que, a nivel global, Argentina hoy se encuentra entre los países con mayor estándar técnico, por poseer uno de los planes y sistemas más consistentes para combatir esos fenómenos criminales.
El GAFI se creó en el año 1989 por decisión del "Grupo de los 7". En sus 25 años de existencia, ha generado estándares y promovido la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para la lucha contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas contra el sistema financiero internacional.
Argentina posee hoy uno de los sistemas más consistentes para combatir el delito de lavado de activos
Nuestro país se incorporó como miembro pleno del GAFI en el año 2000. Todos los Estados que forman parte del organismo son sometidos a distintos procesos de monitoreo más o menos intensos con el fin de verificar si poseen planes, procesos y sistemas consistentes y adecuados a los estándares técnicos que surgen del Grupo para combatir la criminalidad económica.
Argentina fue evaluada en el año 2009, focalizando el análisis sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). El saldo de ese proceso fue volcado en un informe que marcó el incumplimiento de 49 de las 54 directrices estratégicas. Luego de esa visita, Argentina fue incorporada a la lista gris junto a otros Estados en similares condiciones deficitarias. A partir de una decisión del Poder Ejecutivo, en 2010 se designó a José Sbattella al frente de la UIF, quien comenzó a trabajar intensamente para revertir la grave situación del país ante el GAFI. Con ese objetivo, se elaboró y puso en ejecución un extenso, complejo y ambicioso plan de acción que cubrió la totalidad de las deficiencias marcadas por el organismo internacional.
Termina el mito según el cual la criminalidad económica no se investiga debidamente en nuestro país
El rol del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a partir del compromiso asumido por la Procuradora General de la Nación, con la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en 2012, fue acompañar este proceso brindando asesoramiento técnico legal a la delegación argentina en cada foro regional y mundial vinculados a la problemática, particularmente en las reuniones plenarias del GAFI, de las que me tocó participar como titular de PROCELAC.
El proceso que culmina con esta importante decisión ratifica el compromiso político asumido por el Estado argentino en la lucha contra el crimen económico organizado y termina con el mito que intentó sembrar una facción política de nuestro país, aliada a sectores concentrados de la industria periodística -que están siendo investigados por lavado de dinero y otros delitos económicos-, según el cual el fenómeno de la criminalidad económica no se investiga debidamente en Argentina. Los casi 400 millones de pesos, 300 automóviles y 90 inmuebles embargados por la Procelac en poco menos de dos años de existencia, demuestran lo contrario.