La reforma del Código Procesal Penal, que incluye la posibilidad de expulsión de los nacidos fuera del país que delinquen, fue anunciada por bombos y platillos por Cristina Kirchner. La novedad del destierro, sin embargo, no tendrá el impacto de los deseos del secretario de Seguridad Sergio Berni, uno de los impulsores de este agregado.
De acuerdo a los datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), los presos inmigrantes alcanzaron este año el 20,60% de la población carcelaria. Se trata de uno de los números más altos de Latinoamérica.
Pese a esta alta proporción, lo cierto es que el 56% de los reclusos fueron detenidos por narcotráfico, por lo que no sería expulsado del país si se aprobara tal cual está la reforma del Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno. La propuesta girada al Congreso prevé la deportación de los extranjeros acusados por hechos leves con penas menores a los tres años de prisión. Algo similar ocurre con los culpables por delitos contra la propiedad (24,93%) y la integridad sexual (3,52%), publicó el diario La Nación.
Pero eso no es todo. Debe constatarse que los extranjeros estén en el país de manera ilegal y sean detenidos "in fraganti". Y aun si reunieran estas condiciones, el texto del proyecto dice que "podrán" ser expulsados, no que deberán serlo. La norma está más cercana a otorgarle un derecho a los inmigrantes a volver a su país antes que aplicar un castigo severo.
Desde 2004, el total de los presos creció sin detenimiento, alcanzando una cifra "récord" en agosto de este año, pero el porcentaje de los extranjeros reclusos tuvo altibajos. Los números de provistos por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su informe de gestión del miércoles apuntan a que de los 10.322 presos en distintas cárceles de nuestro país, más de 2100 provienen de naciones foráneas.
El porcentaje de sujetos inmigrantes expuestos a la reforma penal se reduce aún más si se toma en cuenta que en el total de las cárceles provinciales, apenas el 6% de los detenidos son extranjeros, según la Procuración Penitenciaria Nacional.
Además, se calcula que un 25% de los presos extranjeros tendría residencia legal, mientras que el 75% restante serían ilegales. Y la mayoría de éstos contaban con domicilio fuera de la Argentina al momento de ser detenidos, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Observatorio Carcelario del Servicio Penitenciario.
Una encuesta encabezada por ese mismo instituto expuso también que para la mayoría de los reclusos extranjeros la expulsión sería una solución a sus problemas, ya que más de un 60 por ciento expresó sus deseos de regresar a sus países.
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