Sabe que su nombre y apellido debe ser pronunciado con cautela. Del ambiente donde uno lo mencione depende la reacción. Se trata del juez Nacional de Ejecución Nº3, Axel López.
Axel Gustavo López nació hace 48 años. Carrera judicial peldaño por peldaño. Para algunos es víctima "de un sistema vencido y explotado", para otros terminó siendo víctima de su propia inoperancia. En este caso, la balanza de la Justicia se inclina en contra de López pero una conclusión queda en el aire: así como están las cosas no pueden seguir.
A su despacho, en el tercer piso de la calle Alsina al 1400 en el microcentro porteño, López llega cerca de las 7 de la mañana. Evita el traje impecable pero, al mismo tiempo, es su imagen joven la que le quita ese perfil de juez mustio, sin expresión. Todos los días, "sin variación alguna", según su propia definición, López firma cerca de 400 decretos y reclusiones y debe atender más de 20 mil expedientes. Su firma no es un garabato más. Por su lapicera pasa el futuro de los cumplimientos de penas de gran parte del sistema carcelario argentino. Ese amontonamiento de penas es, quizá, su único salvoconducto. "¿Usted piensa que yo puedo leer todo eso? Esto ha sido avisado históricamente y se han hecho los reclamos a las autoridades competentes", afirmó López, en un reportaje al diario Perfil en mayo de 2009.
"Somos la Cenicienta del Poder Judicial. A nadie le interesa nuestra suerte, salvo cuando hay un escándalo mediático", sentenció el magistrado. Técnicamente, las cosas siguen igual pero ahora López debe enfrentar al Consejo de la Magistratura y la posibilidad de estar en manos de un Juicio Político.
En octubre de 2012, el Consejo de la Magistratura le dio su primer aviso pero él sabía que no podría volver a respirar tranquilo. En un discutido fallo, la Magistratura resolvió que López había actuado bien en la liberación de Pablo Marcelo Díaz, un violador que en una salida transitoria asesinaría a Soledad Bargna en mayo de 2009 de 26 puñaladas, a tres cuadras de donde había cometido la violación anterior.
El juez defendió su accionar: "Esta persona había cumplido los requisitos de cumplimiento parcial de la porción de la condena. Tenía conducta ejemplar y concepto muy bueno. La calificación del concepto la realiza el Servicio Penitenciario Federal e implica la posibilidad de una adecuada reinserción social. A mí me elevan una propuesta positiva para que incorpore a este interno al régimen de salidas transitorias". Los familiares de Soledad exigieron el juicio político, pero no se lo aceptaron. "Lo único que hice fue aplicar Justicia", se excusó López.
En 2012, la historia se volvió a repetir. Una firma de López permitió la liberación condicional de Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años de prisión por cuatro casos de violación. Un mes después de su liberación, en Resistencia, Chaco y con documentación apócrifa, Cabeza, mató a la joven Tatiana Kolodziez. Un dictamen del Cuerpo Médico Forense advertía en forma concluyente sobre "un serio riesgo de reincidencia". El juez no lo tuvo en cuenta.
Estos casos no serían los únicos: Matías Bagnato sobrevivió al incendio de su casa, en la cual fueron asesinados cuatro miembros de su familia y un amigo. El asesino, Fructuoso Álvarez González, quedó en libertad en 2011 porque López no cumplió con los procedimientos y tuvo un error al contabilizar la pena. Bagnato, quien llegó a los medios producto de su participación en el reality Gran Hermano, pidió el juicio político. En 2010, también liberó a Ernesto Gabriel López, que había sido condenado a 16 años de prisión por ser el asesino del marido de Georgina Barbarrosa, en 2001. "Es el mismo juez que antes liberó a un violador. Me indigna y me preocupa, porque las penas están para cumplirse", dijo en su momento Georgina.
Hace poco menos de dos semanas, cuando todo indicaba que llegaría el pase a juicio político, la sesión del Consejo de la Magistratura terminó en escándalo y la decisión final se pospuso. "El dictamen se aprobó en comisión pero no fue colocado en el orden del día que es lo necesario para que se trate en el plenario. Eso pasa por los acuerdos de los jueces con el kirchnerismo para cajonear algunas cosas y sacar provecho de otras", explicó a este medio un consejero.
Se mueve con custodia policial y tiene consigna en la puerta de su casa. Es cultor del bajo perfil, los escraches lo atemorizan, le encanta el fútbol, hombre amiguero y la Justicia Federal lo considera un hombre de la familia. Tiene dos hijos, es docente y escritor. En la otra vereda, las Madres del Dolor y distintas ONG de víctimas de inseguridad piden que termine su carrera judicial. Fue el propio, secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, el que presentó ante la Magistratura el dictamen acusatorio. "Hay una operación política de prensa pretendiendo transmitir que el kirchnerismo se opuso o que por un problema del kirchnerismo teóricamente el Consejo de la Magistratura no pudo avanzar en su destitución. Y la verdad es que fue una iniciativa del propio consejero del Consejo de la Magistratura Julián Álvarez", destacó el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich. Lo concreto es que López sigue vigente.
"El juicio político no se inicia por los acuerdos de los jueces con el kirchnerismo", afirmó a Infobae el senador Mario Cimadevilla. "Esto hay que decirlo, los jueces viven acordando con el oficialismo", disparó el chubutense.
"Axel está sufriendo un sistema que lo explotó. Es un excelente jurista. Es serio, inteligente, pero el día a día lo consumió y se lo llevó puesto. Está en un lugar que no quiere nadie", detalló a Infobae un juez federal. En el último punto está el secreto, este medio pudo reconstruir que los operadores del Poder Judicial le dieron al gobierno nacional argumentos claros sobre qué pasaría si se decide ir por el juicio político a López. "Es el único juez de ejecución, si lo corren los jueces amenazan con que se terminan los jueces de ejecución porque nadie aceptará ese cargo y ahí el sistema carcelario se derrumba definitivamente", explicó un senador. Una parte de la corporación judicial lo defiende, la otra lo quiere fuera. No tiene buena relación con peritos, ni fiscales, a quienes desoye en numerosos casos diariamente. "No es casualidad todo lo que le pasó, ni es producto del sistema", sostiene un importante miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
López forma parte de la Justicia de Ejecución desde hace más de una década. Escribió varios libros e hizo de su particular criterio una pieza académica. En relación con la libertad condicional, Axel López sostiene: "La libertad condicional no es, en realidad, un período del régimen progresivo, sino un histórico instituto previsto en el Código Penal cuya concesión depende de la intervención jurisdiccional y al que, según las circunstancias, no todos los internos pueden acceder no obstante su positiva evolución criminológico". Hay un detalle casi de color, la cátedra Práctica Profesional de Ejecución de la Pena de la Facultad de Psicología de la UBA, utiliza su juzgado como campo de investigación.
Alejandro Fargosi, consejero de la Magistratura, es uno de los que pide el juicio político para López y exige una resolución inmediata. "Los consejos de la Magistraturas y el Ministerio Público Fiscal deben ejecutar un control de calidad sobre los funcionarios judiciales", sostuvo ante Infobae Gabriel Iezzi, prestigioso abogado y un estudioso de la materia penal en la República Argentina. "Minimamente, López debe ser evaluado", agregó.
"Yo, todos los días, sin variación alguna, estampo mi firma en más de cuatrocientos decretos y reclusiones. ¿Usted piensa que yo puedo leer todo eso?", dice López como extraño argumento. La historia del juez que "libera reincidentes" sigue teniendo páginas por escribir. Ahora es la Justicia quien deberá ponerle el final: podrá ser trágico o cómico.