Lázaro Báez, a través de su firma Austral Construcciones, habría utilizado un sistema de facturación ilegal para evadir impuestos sistemáticamente. Empresas asentadas en la provincia de Buenos Aires formarían el circuito.
Según el diario La Nación, algunas de las empresas que emitieron facturas truchas son propiedad de la familia Ficcadenti, dueña de las sociedades anónimas Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari. El matutino afirma que estas compañías facturaron a Lázaro Báez al menos $50 millones.
Otra empresa, Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra, sería la encargada de haber facturado servicios que jamás prestó o de inflar los costos de sus prestaciones. Sólo en 2009, esta compañía le facturó $13 millones a Austral Construcciones, de acuerdo a lo que consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez al que tuvo acceso el diario.
Antonio Ferreyra, dueño de la Constructora Patagónica, reconoció problemas tributarios y aseguró que la responsabilidad es del Grupo Penta SA, perteneciente a la familia Ficcadenti. "Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación", dijo. Además, se escudó: "Báez nos tiene demorados pagos, pero no por problemas con nuestras facturas". La empresa, que fue investigada por la AFIP, se encuentra pagando un plan de 120 cuotas para normalizar su situación, aunque asegura que "extravió" toda su información contable.
En la misma línea, Perfil publicó que cuando Calavento SA comenzó a ser investigada por la AFIP, la compañía afirmó que se dedicaba a alquilar máquinas y equipos de agricultura, construcción y transporte. Sin embargo, la firma no posee bienes, y el fisco la sumó a la lista de empresas apócrifas por resistencia a la fiscalización.
El matutino además destaca que el Grupo Penta SA, que al igual que Calavento está a cargo de Silvio Luis Ficcadenti, fue sorprendido por la AFIP con facturas clonadas o mellizas. Esta compañía radicada en Bahía Blanca, no fue catalogada como empresa fantasma, porque sí aportó comprobantes de compra de maquinaria para la construcción, y empleaba a seis personas.
El Grupo Penta SA, que es calificado de irrecuperable por el Banco Central y tiene cheques rechazados por $36.000, acordó un plan de pagos para compensar sus impuestos atrasados, y el mes pasado recibió casi $500.000 para saldar su deuda con la AFIP.
Por otro lado, según detalla La Nación, hay otra empresa que habría emitido facturas truchas. Se trata de Iberoamericana de Servicios SA, que pertenece a la familia Pedraza, originalmente de Bahía Blanca, que luego se instalaron en Santa Cruz. Aquí entra en escena Juan Suris, detenido en enero pasado por narcotráfico, quien falsificaba facturas para Iberoamericana. Hace pocos días, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento por una asociación ilícita fiscal.
La AFIP sospecha que esta compañía de Pedraza habría evadido $40 millones con facturas emitidas entre, por lo menos, 190 empresas.
Los voceros de Báez declinaron hacer comentarios.