La autora es Directora de Gestión AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la Argentina)
La asociación público-privada, conocida por sus siglas en ingles PPP (public-private partnership) desde hace más de 200 años, engloba una gran diversidad de esquemas de asociación e inversión en los que participan los sectores público y privado.
En estos esquemas, el Estado controla y coordina el desarrollo y posterior aprovechamiento general del espacio público (red vial, espacios verdes, de servicios generales y comunitarios), quedando en los particulares la ejecución de las obras y la explotación comercial.
El desafío de este modelo de asociación consiste en articular las necesidades del Estado con el expertise y la capacidad de los inversores y desarrolladores, de forma que se distribuyan eficientemente los riesgos.
En los últimos 25 años el PPP ha mostrado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial. Las sociedades modernas con sus demandas crecientes de infraestructura y servicios no pueden ser satisfechas por los recursos públicos, es allí donde radica uno de los principales elementos diferenciadores de este esquema. Según The National Council for Public-Private Parnership, en Estados Unidos, 23 de los 65 servicios públicos que prestan hoy los municipios funcionan bajo el esquema de PPP. Para lograrlo fue y es necesario implementar un adecuado sistema regulatorio y normativo, la planificación e instrumentación contractual adecuada de cada proyecto, el monitoreo y la participación activa y continua del sector público, y la aplicación de garantías de estabilidad de los derechos del sector privado y de repago de las inversiones.
En la Argentina, a la espera de que se generen las condiciones señaladas, existe el decreto 676/01, que creó el régimen para la promoción de la participación privada en el desarrollo de infraestructura económica y social Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires, desde agosto de 2005 cuando fue sancionado el Régimen Nacional de Asociación Público-Privada-, lo sumó al objetivo de realizar actividades de interés público y de desarrollo.
Además, en países como Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, España, Portugal, India y hasta Chile, ya se han aplicado estos esquemas de asociación. Empresas como CH2M Hill, Lend Lease y diversos consorcios generados ad hoc han desarrollado, junto a numerosos Estados, proyectos relacionados al agua, los aeropuertos, infraestructura ferroviaria, a la educación (escuelas y universidades) y a la salud (hospitales y centros de asistencia).
El Banco Mundial, por su parte, agrega a este listado otras iniciativas en lo que refiere al sector de residuos, generación de energía, telecomunicaciones y transporte.
Se trata, en todos los casos, de acuerdos que trascienden la temporalidad de un gobierno y se extienden entre 15 y 40 años, plazos razonables para apuntalar los distintos sectores en los que particularmente nuestro país está mostrando atrasos -como infraestructura o transporte- o bien, como sucede con la energía, en los que existen enormes potenciales para posicionarse como centro de referencia y aprovisionamiento internacional.
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