En mayo falleció la jueza Carmen Argibay

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Este año, la Corte Suprema de Justicia pasó de siete a cinco miembros por los fallecimientos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi. La jueza falleció de un paro cardiorrespiratorio el sábado 10 de mayo a las 14:05 en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde era sometida a diálisis por una afección renal.

Nacida el 15 de junio de 1939, Argibay fue presa política en la última dictadura. Integraba la Corte desde el 3 de febrero de 2005 al ser nominada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Fue la primera mujer en ser propuesta por un gobierno democrático para integrar el más alto tribunal de justicia de Argentina. Su par Highton de Nolasco fue la segunda.

El Senado aprobó su pliego el 8 de julio de 2004 con 42 votos a favor, de la entonces senadora Cristina Kirchner, oficialistas y radicales, contra 17 votos de otros peronistas, entre ellos Eduardo Menem, Antonio Cafiero, Ceso Jaque y Ramón Saadi.

Autodefinida como atea, la magistrada se pronunció en varias oportunidades a favor del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo -un respaldo a la despenalización del aborto- y por ello ha recibido críticas de la Iglesia católica.

La Corte queda ahora integrada por cinco jueces: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Pero no se elegirán reemplazantes ni para Argibay ni para Petracchi debido a que en 2006 se sancionó una ley para reducir de nueve a cinco los miembros del tribunal.

Por ahora, el máximo tribunal quedará como está. Pero podría haber cambios el año que viene: el juez Zaffaroni ya anunció su intención de retirarse en enero de 2015, cuando cumpla 75 años. A diferencia de algunos de sus compañeros (como el nonagenario Carlos Fayt), el ministro conocido por sus posturas garantistas asegura que se atendrá al límite de edad establecido por la Constitución de 1994.

De cumplir Zaffaroni con sus dichos, la Corte quedará con cuatro miembros y habría que elegir un nuevo juez para que lo reemplace. En teoría corresponde al Poder Ejecutivo postular uno o más candidatos, que luego deben ser aprobados por el Congreso de la Nación. Es decir que apenas meses antes de dejar el poder, el kirchnerismo podría proponer un nuevo magistrado para el tribunal.