Clorox espera una "adecuada" compensación tras la ocupación de sus plantas en Venezuela

La empresa de EEUU manifestó "serias preocupaciones" sobre la seguridad de sus trabajadores y de las comunidades vecinas. La compañia anunció el lunes su salida del país, alegando que su negocio no era viable

Guardar
 Reuters 163
Reuters 163

La estadounidense Clorox anunció que tras la "ocupación temporal" de sus dos plantas en Venezuela por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, espera una "pronta" y "adecuada" compensación, señala un comunicado al que tuvo acceso la agencia de noticias AFP este sábado.


"Clorox Venezuela está dispuesta a participar en conversaciones con el gobierno venezolano para una compensación pronta, adecuada y efectiva", refiere la nota de prensa de la compañía que fabrica productos de limpieza y cuya sede central es Oakland, California.


La noche del viernes, el vicepresidente Jorge Arreaza informó por el canal estatal VTV sobre la "ocupación temporal" de las dos instalaciones de la empresa en Venezuela, acompañado por un puñado de trabajadores que apoyaron la medida bajo la consigna "¡Chávez vive, la lucha sigue!".


"Clorox Venezuela debió vender más de dos tercios de su producción a precios congelados por el gobierno"

La estadounidense Clorox, que inició sus operaciones en Venezuela en 1990, explicó el pasado lunes su salida del mercado venezolano dadas las "restricciones operativas" y la "incertidumbre económica".


"Durante casi tres años, Clorox Venezuela debió vender más de dos tercios de su producción a precios congelados por el gobierno de Venezuela", reiteró este sábado. "Como resultado, Clorox Venezuela ha vendido sus productos a pérdida, lo que ha generado pérdidas operativas", agregó.


En los últimos ocho años, el gobierno venezolano ha intervenido empresas privadas como parte de una política estatal para recuperar tierras o sectores que consideraba improductivos o que especulaban con su actividad.


clorox-1170-2.jpg

Paralelamente, ha promovido el control de precios en los productos de la cesta básica y paralelamente promulgó una ley de "precios justos" que establece un tope máximo de ganancias del 30%.


Esta legislación ha sido criticada por el empresariado que la califica de "inconstitucional" y considera que agravará la crisis del país sudamericano que vive una inflación interanual de 63,4% -la más alta de la región- y la escasez de uno de cada cuatro productos en los anaqueles.

Guardar