La oposición cuestionó los nuevos controles a los pasajeros que entren o salgan del país

La disposición establece que las aerolíneas deberán enviar la información de sus clientes. El Gobierno asegura que mejorará el trabajo de la Dirección de Migraciones. La medida despertó críticas y burlas

NA 162
Por Ezeiza cada vez salen más argentinos que extranjeros que ingresan 162

El Boletín Oficial informó esta mañana sobre una nueva disposición que obliga tanto a las aerolíneas privadas como a las aeronaves particulares a brindar datos de las personas que entren o salgan del país en un plazo de 72 horas. La información será utilizada por la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, defendió la iniciativa y se refirió a sus alcances: "Toda la información que las compañías tenían diseminada en distintos lugares se van a canalizar a través de un soporte que pone a disposición la AFIP. Esto va a ayudar a aplicar una correcta política migratoria", precisó.

La medida, que comenzará a regir en seis meses, contiene 32 preguntas que deben ser respondidas y van desde las millas acumuladas del pasajero hasta el número de asiento. Los datos requeridos fueron motivo de ingeniosas bromas en Twitter. Allí se sumaron algunos políticos, que se pronunciaron con ironía; otros sólo manifestaron su rechazo o preocupación.

"En los países donde se vive sin miedo, el Gobierno controla a los que quieren entrar y no a los que quieren salir", se quejó el diputado Francisco de Narváez.

Sus colegas Patricia Bullrich y Laura Alonso, del bloque Unión PRO, consideraron que la disposición "resulta violatoria del artículo 14 de la Constitución Nacional" que dispone, entre otras cosas, que "todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino".

"Las medidas del gobierno nacional lo que nos quieren decir es 'vos podés salir si yo te dejo'", afirmaron las legisladoras, que reclamaron que Echegaray explique sus detalles en el Congreso. "Persecución, hostigamiento y hasta la intromisión en nuestra vida privada, a la hora de emprender un viaje. El kirchnerismo está dispuesto a cerrarnos la puerta de acceso al mundo, en un intento por vigilar y castigar a quien deba o quiera salir del país", añadieron.

El presidente de esa bancada,

, fue más duro: "¿Con qué derecho la AFIP pedirá el teléfono de contacto de los pasajeros aéreos? ¡Qué fachos que son, realmente!", lanzó en Twitter.

div class="embed_cont type_freetext" id="embed50_wrap" rel="freetext">

El macrismo fue el espacio más rápido en expresar su negativa a la normativa. Dos miembros del gabinete porteño, el jefe de ministros, Horacio Rodríguez Larreta, y el titular de Cultura, lo hicieron con ironía, por la misma red social. "¿Cuando decidimos entre pollo o pasta se lo tenemos que comunicar a Echegaray o alcanza con decírselo a la azafata?", se preguntó el segundo.

div class="embed_cont type_freetext" id="embed25_wrap" rel="freetext">

Desde el Frente Renovador, el diputado Alberto Aseff dijo a la agencia NA que el país "está entrando en un régimen chavista con remembranzas soviéticas" y opinó que "están controlando la actividad de las personas, exprimiendo hasta la última gota tratando de ver si pueden conseguir los dólares que por otro lado espantan".

Por el GEN (parte del Frente Amplio UNEN), el diputado Omar Duclós consideró que "resulta una inadmisible intromisión en la privacidad de las personas, protegida por la Constitución Nacional".

"Además del avasallamiento a la privacidad de los ciudadanos, las disposiciones que se pretenden aplicar son un nuevo avance de un Estado policíaco e intimidatorio, que paraliza cada vez más la actividad económica", sostuvo el legislador, titular de la comisión de Turismo en la Cámara baja.

Duclós afirmó que "la incapacidad para diagnosticar y enfrentar adecuadamente los problemas de la economía, reflejados en la alta inflación, recesión, pérdida de empleos, caída de reservas y nueva devaluación en curso, lleva al gobierno a adoptar decisiones intervencionistas que ahogan la actividad económica, agravando aún más la situación".