Pasaron ya cien días desde que el Gobierno comprobó que, a diferencia de las películas, no necesariamente existen los finales felices. Todas las apuestas oficiales se centraban en que la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de EEUU iba a permitir estirar hasta el 2015 por lo menos una decisión por la deuda que se mantiene con los holdouts. Pero no fue así. El 16 de junio pasado el máximo tribunal rechazó tomar el caso argentino, abriendo las puertas a lo que sería unos meses después un nuevo default (si bien parcial) de la deuda.
La estrategia oficial fue y aún es, la de desconocer los hechos. La máxima kirchnerista de negar la realidad, algo que se vio con la intervención del Indec, la inflación "dibujada", el menor crecimiento económico, el cepo cambiario, entre otras, también llegó al tema de la deuda. Para el Gobierno, no existe el default. Niegan que el país no haya cumplido con el pago de u$s532 millones del bono Discount como sí sucedió.
Por eso, y sabiendo que si el país intentaba girar los dólares por el pago de este bono (advertencia que, tal como informó Infobae, le hizo el Bank of New York Mellon a Axel Kicillof previamente), no iba a poder pagar, el 26 de junio de la Argentina -igualmente- depositó más de 1.000 millones de dólares para saldar un vencimiento del 30 de junio correspondiente a su deuda reestructurada.
La Justicia estadounidense, rápida de reflejos, detuvo el pago del bono Discount ley Nueva York pero no embargó el dinero depositado por el país, a pesar de que ese era el pedido de NML Capital. Se ingresó, a partir de ese momento, en un limbo legal porque el dinero no girado (u$s532 millones) aún hoy está en la cuenta que tiene el BONY en el BCRA.
Pero no todo fue tan simple. Desde que no se pagó la totalidad del vencimiento, el 30 de junio, los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010, al no recibir sus intereses depositados en sus cuentas, empezaron a preguntarse si el Gobierno podía girarles el dinero. En ese momento, como mecanismo de la reestructuración, el país tenía un período de gracia de 30 días para cumplir con el pago de la deuda. Mientras eso sucedía y el mundo económico-financiero empezaba a hablar de un nuevo default de la Argentina, el Gobierno en su conjunto decía que "ya había efectuado el pago" y que si ese dinero no llegó a los acreedores era por culpa del BONY y no de ellos. La estrategia de desligarse había empezado.
Arrancaba julio, otro mes clave para el país. Mientras continúan las negociaciones entre la Argentina y los fondos buitre en busca de un acuerdo, muchos apostaban a una solución en esos treinta días de plazo. Bancos de inversión de Nueva York hablaban de que se iba a llegar a algún acuerdo. Pero, en el discurso, los funcionarios del Ministerio de Economía encabezados por Kicillof deslizaban que "no se puede cumplir el fallo porque estaría incumpliendo la cláusula RUFO", que le impide al país ofrecer mejores condiciones que las que aceptaron los bonistas en los canjes de 2005 y 2010.
"Acá el problema central es que puedo disparar un pasivo enorme, un acrecentamiento de la deuda externa de u$s120 mil millones a más de 500 mil millones", había declarado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
En el medio de todo eso, la misma Cristina Fernández de Kirchner salió a reafirmar que "no hay default" porque el país ya había pagado. La expectativa del mercado crecía minuto a minuto y las apuestas a un acuerdo de última hora empezaban a escucharse con más fuerza.
La luz de esperanza ocurrió justo sobre el deadline para pagarle a los bonistas. Banqueros argentinos, liderados por el titular del Banco Macro, Jorge Brito, comenzaron tratativas para comprar parte de la deuda a los holdouts o por lo menos colocar una especie de garantía que permita destrabar las negociaciones (trabadas porque el Gobierno decía que no podía negociar por la cláusula RUFO).
"Yo pongo 100 millones de dólares. Hay que juntar 250 millones. Ustedes cuánto ponen", dijo en ese momento Brito ante otros miembros de ADEBA para comenzar el operativo salvataje. Claramente el presidente del Macro tenía el visto bueno de Jorge Capitanich para emprender esa cruzada. En tiempo récord, los banqueros estuvieron reunidos con el presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, para terminar de pulir el plan.
Iba todo con viento a favor. O eso se suponía. El ministro Kicillof, que estaba en Venezuela, hizo un viaje relámpago a Nueva York para -en teoría- cerrar las negociaciones y anunciar un entendimiento. Pero nada de eso sucedió. Ahí la historia más certera cuenta lo siguiente: Kicillof, creyendo que Fábrega y los banqueros tenían todo cerrado, salió a dar una conferencia de prensa desde la Embajada argentina despotricando a los holdouts, al juez Thomas Griesa, e incluso al mediador Dan Pollack.
"¿Qué hiciste?", le habría dicho Fábrega a Kicillof por teléfono. El ministro, según cuentan fuentes oficiales, le habría dicho: "no te preocupes, esto es política, total ya está todo cerrado, ¿no?". Ahí, el presidente del BCRA le recordó que nada estaba firmado, y que por los dichos del ministro varios banqueros desistieron de seguir con la operación. La versión desde el Ministerio de Economía, obviamente, le quita responsabilidades a Kicillof y hablan de que "los banqueros buscan victimizarse, pero es impensado que un acuerdo se cae por las palabras de un ministro".
Sea como fuese, el período de gracia se acaba, los banqueros retornaban a Buenos Aires, y la Argentina -sin acuerdo con los holdouts- ingresaba oficialmente en default parcial de la deuda. Rápidamente la calificadora Standard & Poor's declara la deuda en "default o incumplimiento selectivo" (categoría SD), algo que sería copiado luego por el resto de las agencias.
El Gobierno, en las sombras, activó un plan B o C. El empresario Eduardo Eurnekian fue el abanderado del plan empresario para negociar con los fondos buitre la adquisición de la deuda argentina. "Hay muchos empresarios, grandes, medianos y pequeños dispuestos a poner dinero para comprar el juicio que los fondos buitre le ganaron a la Argentina en la justicia de Nueva York", había señalado Eurnekian. Así luego de la fallida iniciativa de banqueros locales y la falta de acuerdo con bancos extranjeros (estaban en danza el JPMorgan, HSBC, Citi, entre otros), los empresarios fueron detrás de la cruzada anti buitre. Esa iniciativa, hasta ahora, no vio la luz y posiblemente nunca llegue a concretarse.
Prácticamente sin alternativas a la vista, y con el default corriendo hacia el segundo vencimiento importante de la deuda (este 30 de septiembre), el Gobierno lanzó la iniciativa de pagar la deuda en la Argentina y utilizando al Banco Nación en lugar del BONY (que perdió la licencia para operar en la Argentina debido al supuesto incumplimiento en el giro del dinero a los bonistas).
La Ley de Pago Soberano fue aprobada en el Congreso el 11 de septiembre. Por 134 votos a favor, 5 abstenciones y 99 en contra, la Cámara baja aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que autoriza el reemplazo del Bank of New York por Nación Fideicomisos, permite el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada y crea una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa desde la última dictadura hasta las reestructuraciones de 2005 y 2010.
De esta manera, el Gobierno intentará utilizar al Nación para pagar localmente los u$s200 millones que vencen por el bono Par. Es aún una incógnita si podrá utilizarlo para girar el dinero al exterior, o si ese dinero puede ser embargado. En el medio, los bonistas están analizando no sólo demandar la aceleración de los pagos, sino también ver cómo cobran sus acreencias.
Por ahora las novedades judiciales no deparan un buen final para esta saga. El país sigue en default, que seguramente engrosará este 30 porque no podría hacerle llegar a todos los bonistas sus dólares. Los únicos que están exentos son lo que tienen títulos bajo jurisdicción argentina, que por ahora siguen cobrando.
El Gobierno ya no tiene instancias en la justicia estadounidense. Las apuestas ahora del mercado es a que el default no se extienda más allá de enero del 2015, cuando caduca la cláusula RUFO. Varios banqueros siguen tratando de acercar posiciones para cerrar el litigio con los holdouts lo antes posible. El Gobierno, en el discurso por lo menos, no parece apurado a cerrar este capítulo que aún tiene varias páginas por escribirse.