La decisión del Gobierno busca reforzar el trabajo de los agentes antinarcóticos.El decreto publicado en la gaceta oficial lleva la firma del presidente Ollanta Humala e implica, en términos prácticos, que los agentes puedan ingresar a los domicilios de cualquiera de los más de 36.000 habitantes de la región sin orden judicial, expulsar extranjeros, prohibir reuniones de personas y detener a cualquier ciudadano.
La zona donde se aplicará la suspensión de los derechos constitucionales comprende los distritos amazónicos de Ramón Castilla y Yavarí.
Según datos oficiales, el único juez de Caballococha, la ciudad más importante de la zona, ha procesado desde mayo de 2013 a la fecha a poco más de 80 personas, todas por tráfico ilícito de drogas, aunque a ningún capo de importancia.
El miércoles el jefe del Ejército, Ronald Hurtado, dijo a corresponsales extranjeros que la lucha antinarcóticos en Caballococha era uno de los objetivos centrales de su institución.
En julio un agente antinarcóticos fue acribillado en la zona por narcos ocultos entre la vegetación cuando, junto con 17 colegas, se dirigía por el río Atacuari, muy cerca a Colombia, a destruir dos laboratorios de elaboración de cocaína. Un mes antes, dos decenas de agentes antinarcóticos se enfrentaron a tiros con más de 30 narcos peruanos, colombianos y brasileños, y finalmente lograron destruir un laboratorio de cocaína.
Perú es el primer productor mundial de cocaína tras desplazar a Colombia en 2012, según la agencia antinarcóticos estadounidense DEA. También es el primer cultivador global de hoja de coca, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.