Desde 2003, las escuelas primarias públicas del Gran Buenos Aires perdieron el 11% de sus alumnos. Perdieron, significa que de cada 100 alumnos que había en las escuelas públicas del conurbano hace doce años hoy hay tan solo 89. ¿A dónde se fueron los que se fueron? Algunos, los menos, desertaron: exclusión definitiva al no tener, si quiera, el certificado de escolaridad primaria. Otros, la mayoría, se fueron a la escuela privada: mientras la matrícula pública del conurbano cae, la de privada asciende vertiginosamente: desde 2003 creció nada menos que el 37%.
¿Será que estas nuevas medidas educacionales bonaerenses van a reducir estas brechas? ¿Qué estos cambios en las aprobaciones de los alumnos van a reducir este brutal proceso de privatización de la educación por medio del cual toda familia que tiene un mínimo de recursos se va de la escuela pública a la privada con la idea de salvarse?
Después de una década de esta política educativa, la respuesta es negativa: hace años que el pensamiento políticamente correcto domina la educación argentina y consiste en ablandar la exigencia pedagógica y disimular la calidad bajo una máscara de inclusión educativa que no incluye a los más pobres y que manda a los sectores medios a la escuela privada. Más allá de cualquier consideración, estas medidas son ineficaces porque no logran calidad ni tampoco inclusión
La idea que prevalece desde 2003 es que informar los problemas del aprendizaje, especialmente cuando están asociados a las paupérrimas condiciones de vida de un sector creciente de la población, es estigmatizar. Hace años que los docentes vienen denunciando que desde las altas esferas se los induce a "aprobar a todos", que la desaprobación está mal vista y hace poco un director bonaerense rogó a a sus docentes no desaprobar a los alumnos porque –reconocía- no habían tenido suficientes días de clase. Estas nuevas medidas no traen nada nuevo: apenas sinceran la decadencia educacional.
Esta anestésica idea de que lo que estigmatiza no es la realidad sino el informar sobre la realidad ya está en la Ley de Educación Nacional, aprobada por amplia mayoría en 2006 que en su artículo 97 dice –textualmente- que "la política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización". O sea, el problema no es que se iguale para abajo: para esta política educativa el problema es que se lo comunique.
Hace pocas semanas, a propósito de nuestro nuevo libro "Los mejores maestros: mitos, leyendas y realidades", en una entrevista que me hiciera Claudia Peiró para Infobae, decíamos que igualamos para abajo la educación porque igualamos para abajo a los docentes. Lo que ahora vivimos es una prueba evidente de este proceso de deterioro educacional.
El deterioro trae más deterioro. Cambiar esta tendencia costará cada día más.
Y muy feliz día del Maestro a quienes sostienen la educación. A pesar de todo.
El autor es especialista en pedagogía y políticas educativas. Profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.