Los secretos del episodio del "gendarme carancho"

"¡Dale, bajalo a los palazos, carajo!". Estas son las palabras que usó el coronel retirado Roberto Galeano para ordenar el arresto de Cristian Romero, quien se encontraba manifestando a bordo de su automóvil en la Panamericana en defensa de los obreros despedidos de la empresa Lear Corporation. Acto seguido, los gendarmes sacaron de los pelos a Romero, le pisaron la cabeza, lo arrastraron y finalmente lo detuvieron acusado de "atentado, resistencia a la autoridad y lesiones culposas". Romero había estado manejando su Corsa como parte de la novedosa protesta que ralentiza el tránsito en la Panamericana mediante una caravana motorizada que se desplaza a una velocidad mínima. Mientras manejaba, el gendarme Juan Alberto López Torales se tiró sobre su capó, intentando simular que había sido atropellado por el manifestante. Un video difundido el pasado jueves mostró el operativo y la impostura del gendarme. En los medios y en las redes sociales se lo bautizó como el "gendarme carancho".

Se conoce como "caranchos" a los abogados que simulan accidentes para cobrar indemnizaciones y que no dudan en fraguar atropellamientos para lograr sus fines. El operativo en el que participó el "gendarme carancho" fue comandado por el coronel (r) Galeano, asesor personal de Berni y experto en tareas de Inteligencia. Galeano había sido separado de la fuerza por orden de la ex ministra de Seguridad, Nilda Garré, pero fue recontratado por Sergio Berni.

Antes del bochornoso episodio de la fragua del accidente, el coronel (r) Galeano había estado caminando entre los manifestantes y marcando a los dirigentes que luego serían detenidos, amparado en su aspecto civil: barba blanca, reluciente, canosa, y campera azul deportiva. Los manifestantes lo habían detectado y filmado. En un video se puede observar a la ex legisladora Vilma Ripoll expulsando al oficial encubierto reprochándole su carácter de "buchón". Galeano había protagonizado un episodio de infiltración de un miembro de una fuerza de seguridad como la Gendarmería entre la población civil para realizar tareas de inteligencia, un acto prohibido expresamente por la constitución nacional.

"Pensé que me iban a matar y sólo me preguntaba por qué querían matarme -explicó a Infobae Cristian Romero al contar el momento de su detención-.Yo había frenado porque el auto que iba delante mío en la caravana había frenado también, pero al retomar la marcha, este gendarme se me tiró encima. Me rompió el parabrisas y otros gendarmes empezaron a golpear el vidrio de mi lado. Yo les decía que se calmen. Vi al hombre canoso de barba y campera azul señalándome y dando órdenes. Luego me detuvieron con toda la violencia". Romero, que había acudido en solidaridad con los trabajadores despedidos de la multinacional Lear, sufrió lesiones y estuvo detenido diez horas en la Gendarmería. El fiscal Diego Molina Pico lo imputó por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones culposas.

No es el primer caso de infiltración que tiene lugar bajo los gobiernos kirchneristas. El último martes dos gendarmes prestaron declaración en el marco de la causa que investiga la aplicación del plan conocido como "Proyecto X", operativo de inteligencia que se dio a conocer luego de las manifestaciones de la empresa Kraft en 2009. "Primero los gendarmes no se presentaron a declarar en el juzgado, luego lo hicieron por escrito. Es evidente que no los dejan hablar -señala Myriam Bregman, militante del Frente de Izquierda y miembro del organismo de abogados de derechos humanos CEPROH-. La causa determina las tareas ilegales de inteligencia realizadas por la Gendarmería incluso bajo la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad". Los expedientes judiciales revelan un sofisticado plan de espionaje sobre los militantes obreros, que se expresó en filmaciones realizadas por gendarmes vestidos de civil, fotografías encontradas en expedientes de inteligencia y hasta la vigilancia de reuniones de activistas realizadas en horario nocturno y lejos de la fábrica Kraft, centro del conflicto en 2009. Como se ve, el gobierno de Cristina Fernández no es ajeno a los actos de vigilancia ilegal sobre los ciudadanos.