La semana pasada, el gobierno de México ajustó de nuevo las cifras de desaparecidos y señaló que desde 2006 hay unas 22.300 personas sin localizar, aunque muchas más han sido encontradas. Sin embargo, los datos generaron dudas entre algunas organizaciones y familiares que por años han denunciado innumerables casos pero no tienen conocimiento de la localización de nadie.
Las ONG y los familiares de víctimas cuestionaron el miércoles las cifras de desaparecidos y criticaron al gobierno por parecer más interesado en reducir los números que en intentar encontrar a las personas. "Ha habido toda una serie de cifras que han sido confusas (y) no ha sido clara la metodología", dijo en rueda de prensa Ximena Antillón, investigadora del centro de análisis Fundar.
La subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana Benítez, dijo hace unos días en un mensaje a la prensa, en el que no aceptó preguntas, que había dos listas de desaparecidos: una correspondiente al gobierno del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) y otra a la actual administración del mandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018). Benítez dijo que luego de un trabajo de depuración que incluyó revisión de documentos y llamadas telefónicas a familiares, se observó que en ambas listas las cifras de personas localizadas es mayor a la de desaparecidas.
María Guadalupe Fernández Martínez tiene 64 años y ha pasado el último lustro buscando a su hijo José Antonio Robledo, un ingeniero que desapareció en enero de 2009 en la ciudad de Monclova, en el estado norteño de Coahuila, presuntamente a manos del cártel de las drogas de Los Zetas.
Fernández dijo que recibió una llamada sólo unos días antes de que se presentara la nueva cifra y que le preguntaron si ya había localizado a su familiar, lo cual criticó tanto por considerarlo una falta de sensibilidad como por demostrar que las autoridades no estaban al tanto de las investigaciones sobre su hijo, que desde principios de 2009 no ha sido localizado.
Refirió que, sin identificarse, una mujer habló a su casa y sólo dijo: "Quiero saber si ya apareció José Antonio Robledo Fernández", pero al exigirle saber quién era, les dijo que hablaba del Gobierno y que quería saber si habían localizado a su hijo, aunque mencionó una fecha errónea, pues dijo que había desaparecido en 2010 según la información que tenía.
"Nos entró la preocupación que se trataba de una extorsión o de una broma de mal gusto", dijo la mujer, integrante de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en México (Fudem). Su hijo tenía 32 años cuando desapareció.
"Por qué llamar a la casa cuando el estatus sigue siendo de 'desaparecido'... sin una pizca de sensibilidad, como si hubiera desaparecido un animalito", añadió Fernández, quien señaló que un ex procurador de Coahuila le dijo que el motivo de la desaparición de su hijo es que "se encontraba en el momento equivocado y en el lugar equivocado".
La Secretaría de Gobernación, responsable del área de seguridad del país y que ha estado involucrada en el tema de los desaparecidos, no había respondido a una petición de la AP para conocer su opinión sobre las críticas a las cifras y la metodología.
"Nos preocupa que el objetivo del Estado sea reducir la cifra en vez de encontrar a las personas", dijo Antillón.
Fernández dijo que Fudem tiene registrados 374 desaparecidos en Coahuila y 104 en otros estados, y ninguno de ellos ha aparecido.
"Existe una falta de voluntad política del gobierno federal y de los gobiernos estatales para atender el enorme problema", dijo Denise González, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El tema de los desaparecidos y la cifra que alcanzaron desde el inicio de la lucha contra el narcotráfico en 2006 ha sido un asunto polémico en México, donde las autoridades han dado diversos números sin mayores explicaciones.
El gobierno de Peña Nieto tenía una lista de 23.234 desaparecidos entre el 1º de diciembre de 2012 y el 31 de julio de 2014. Sin embargo, 13.444 fueron localizadas y aún están desaparecidas 9.790.
No está claro cuántos de esos desaparecidos fueron secuestrados o asesinados por grupos del crimen organizado, que frecuentemente entierran a sus víctimas en fosas clandestinas, pero el Gobierno ha dicho que son múltiples las razones por las que alguien desaparece.