"Fuimos cuando ya no había nada que discutir, por eso a la reunión en Comercio con Costa y los subsecretarios Paula Español y Ariel Langer por ahora sólo van los equipos técnicos". De esa forma uno de los principales dirigentes de la UIA explicaba a Infobae el mal humor que reina en la central fabril contra el equipo económico encabezado por el ministro a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Axel Kicillof/a.
En la UIA se sienten traicionados por no haber sido consultados previamente sobre las iniciativas que fueron enviadas al Congreso de la Nación. "Sólo si ellos lo solicitan podría ir algún directivo, pero por ahora sólo van los técnicos", manifestó el empresario.
El paquete enviado al Poder Legislativo está referido a las modificaciones en la Ley de Abastecimiento que cambiará de nombre, por Ley de Regulación de las Relaciones de Producción, y las leyes de Defensa de la Competencia y de Defensa al Consumidor, que el Gobierno quiere que estén aprobadas antes de fines de setiembre.
La Ley de Abastecimiento se rebautizará Ley de Regulación de las Relaciones de Producción
Pero los directivos de la UIA, encabezados por su presidente, Héctor Méndez, ya han comenzado a alertar a las principales cámaras empresariales sobre una mayor injerencia del Estado sobre la actividad de las compañías si se aprueban esas leyes. "Esto es el fin de la empresa privada argentina", anticipó Méndez.
Los empresarios califican al proyecto de inconstitucional, y manifiestan que va en contra de la iniciativa privada y que afecta gravemente las futuras inversiones.
Los puntos conflictivos
Los industriales alertan por la propuesta de establecer márgenes de utilidad; precios de referencia; niveles mínimos y máximos para todas las etapas del proceso productivo; la posibilidad de que la autoridad disponga la continuación de la producción de bienes y la fabricación obligatoria de estos con niveles o cuotas mínimas; la obligatoriedad de publicar los precios de los bienes y servicios producidos y prestados; la potestad de requerir y secuestrar toda documentación contable o comercial de la empresa.
Por otro lado, la iniciativa regula las sanciones por incumplimiento, que van desde multas, clausura, inhabilitación, decomiso de mercadería y hasta clausura definitiva para quienes eleven injustificadamente los precios; revalúen existencias; acaparen materias primas y productos; nieguen o restrinjan arbitrariamente la venta de bienes o una prestación de servicios; discontinúen el abastecimiento normal y habitual de una zona o ramo comercial o no produzcan bienes con precios máximos y mínimos a los márgenes de utilidad fijados.
Inquieta que las multas recaigan tanto en las empresas como en los directivos
La amenaza que los empresarios consideran mayor es que "las multas sean aplicables tanto a las personas jurídicas como a los directivos y que deberán ser pagadas primero y luego se podrán presentar amparos, al revés de lo que sucede hoy".
Desde la UIA le apuntan también al artículo 5 de la nueva Ley de Defensa al Consumidor. Este prevé multas que van desde los 500 a 10.000.000 de pesos, pero la multa podría aumentar hasta el triple de la ganancia obtenida con la infracción.
Además, en la reciente reunión de ayer del Comité Ejecutivo el titular de la COPAL que agrupa a unas 37 empresas alimenticias, Daniel Funes de Rioja, alertó también sobre la fuerte injerencia que tendrá el Estado en las decisiones de producción, ventas y empleo del sector privado y en los estados contables de las empresas y manifestó que le había enviado una carta al vicepresidente Amado Boudou para ponerlo al tanto del problema. "Estas leyes forman parte de un plan para regular las ventas, el consumo, el empleo y las ganancias de las empresas", manifestaron fuentes de la UIA a Infobae.