Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Constitucional de a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Colombia/a respaldó el Marco Jurídico para la Paz en lo que respecta a la participación en la política de los guerrilleros y desmovilizados. Según informa el periódico El Tiempo, la posición avalada por la Justicia es la que defendía la magistrada Martha Sáchica, que establece como excepción a los culpables de crímenes graves, de lesa humanidad y genocidio.
De esta forma, el máximo órgano judicial colombiano estableció que quede tal cual como fue planteada la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que enmarcará los acuerdos de paz una vez que sean alcanzados de manera definitiva en La Habana. Quienes hayan cometido delitos menores, por lo tanto, podrán ser candidatos legítimos en futuras elecciones.
La demanda, interpuesta por el ex viceministro Rafael Guarín, pretendía que se declarara inconstitucional al señalar que la limitación también debería extenderse a quienes han cometido acciones terroristas, de narcotráfico y crímenes de guerra, de acuerdo con el citado diario.
El argumento principal era que con dicho acto se estaba sustituyendo el pilar fundamental de la Constitución, según el cual "el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar y condenar todas las graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo aquellas que sean el resultado de actos de terrorismo o delitos transnacionales".
El debate por las víctimas
A mediados de agosto, comenzará a debatirse en La Habana la reparación de las víctimas, algo que ha causado polémica, ya que tanto guerrilleros como militares se consideran víctimas a sí mismos y victimarios a la otra parte.
Representantes de las FARC declararon este miércoles que la selección de las 60 víctimas que entregarán sus testimonios ante los negociadores de paz en La Habana debe "reflejar fielmente la realidad" del conflicto armado en Colombia.
Seleccionadas por la oficina de la ONU en Bogotá y la Universidad Nacional, las 60 víctimas entregarán su testimonio a partir del 16 de agosto, en una de las fases más complejas de las negociaciones que llevan adelante las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos para terminar un conflicto de medio siglo.