La abogada defensora de Ceballos, Ana Leonor Acosta, indicó a periodistas que acudieron al Ministerio Público para solicitar una investigación sobre las condiciones de reclusión de Leopoldo López y Daniel Ceballos en la cárcel militar de Ramo Verde "debido a que se encuentran aislados y confinados". "Denunciamos la comisión de delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos y degradantes en contra de nuestros defendidos", agregó.
Según explicó la abogada, en los cinco y cuatro meses que López, líder del partido Voluntad Popular (VP), y Ceballos llevan, respectivamente, en prisión, han permanecido "entre 23 y 24 horas al día encerrados en sus celdas con candados" y con las visitas restringidas, salvo sus abogados y familiares directos.
"Sólo se les permite en algún momento del día salir a hacer ejercicio por una hora, la otra parte del tiempo están en sus celdas", aseguró Acosta. "Además de eso, las comunicaciones entre abogado y cliente están siendo revisadas por la DIM (Dirección de Inteligencia Militar)", añadió.
Las esposas de los líderes opositores denunciaron la "tortura psicológica" como una forma de "doblegar" el "espíritu" de los detenidos. "Pero nuestro mensaje es muy claro, a pesar de que nos quieren doblegar, nosotros seguimos firmes y con fe, hagan lo que hagan no van a doblegar a Leopoldo López ni a Daniel Ceballos", dijo la esposa de López, Lilian Tintori.
López, cuyo juicio comenzó el pasado 23 de junio, está acusado de incendio, instigación pública, daños y asociación para delinquir en calidad de autor intelectual, por los hechos violentos registrados en Caracas el 12 de febrero, tras una marcha pacífica convocada por él contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Por su parte, Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, fue condenado con anterioridad a 12 meses de prisión y al cese de sus funciones como burgomaestre el pasado 25 de marzo, por no acatar una sentencia que lo obligaba a impedir la colocación de las barricadas empleadas en las protestas contra el Gobierno en su municipio.
Además, Ceballos será juzgado por los delitos de rebelión civil y "agavillamiento" o asociación para delinquir. También fue detenido y destituido de su cargo de alcalde de San Diego, Enzo Scarano, también militante de VP y acusado de desacato al mismo fallo judicial que Ceballos.
En otras oportunidades ya ha habido denuncias de este tipo por el trato dado a López y Ceballos, algo que la fiscal general, Luisa Ortega, ha desmentido asegurando que los políticos no están incomunicados ni sufren violaciones de derechos humanos.
López y Ceballos fueron detenidos por su supuesta relación con la violencia en las protestas antigubernamentales. Las manifestaciones contra el Gobierno empezaron el 12 de febrero y se desarrollaron con fuerza durante cuatro meses, con algunos incidentes violentos que dejaron un balance oficial de 43 muertos, unos 800 heridos y más de 3.000 detenidos.
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