La revisión debería tomar como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, indicaron desde UNICEF. Entre otras recomendaciones, se pidió al Gobierno de México "elaborar un sistema de registro de albergues y casas de acogida de niños privados de su medio familiar".
En la ciudad de Zamora, Michoacán, el pasado 15 de julio el Ejército y la Policía Federal irrumpieron en la residencia para menores donde había más de 600 personas en condiciones insalubres.
Las autoridades dijeron que hubo casos de abuso sexual y de esclavitud infantil y arrestaron a la jefa del establecimiento María Verduzco y nueve de sus empleados, pero al final la mujer, una anciana de 82 años y tres de los operarios fueron liberados.
Un grupo de intelectuales y defensores de los derechos humanos protestó por la detención de Verduzco, conocida como Mamá Rosa, y por el "exceso de fuerza" y aunque admitió que había algunas anomalías estimó que el gobierno incurrió en una exageración.
De todos modos el caso sacó a la luz la existencia de malas condiciones de higiene y de probables abusos en otros orfanatos privados que alojarían entre 25.000 y 30.000 personas y que funcionarían sin una mínima supervisión del gobierno.
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