Un día antes de que el juez Thomas Griesa tenga una audiciencia clave con casi todos los actores de esta saga por la deuda argentina (con la excepción de los abogados que representan al país), el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGSH) volvió a pedir que a la Argentina se le permita un nuevo stay (medida de no innovar) para terminar de pagar la deuda.
Mediante un escrito, los abogados que representan al país Jonathan Blackman y Carmine Boccuzzi, pidieron por la moción de clarificación solicitada por Bank of New York Mellon (BONY) en el sentido de qué hacer con los fondos girados por el país que no llegaron a los bonistas por la prohibición de Griesa. La moción de la entidad es para pedir una clarificación acerca de los pasos a seguir: hay reclamos de los bonistas europeos y norteamericanos que no recibieron un centavo de los u$s539 millones del bono Discount aún freezados en la cuenta del BONY en el Banco Central argentino.
Qué pasará con esos fondos, si serán devueltos al país o liberados para ser pagados, será tratado este martes en la audiencia que convocó Griesa. La Argentina no fue invitada pero, de todas formas, envió este escrito en favor del pedido del BONY para clarificar la situación.
En esa misiva, CGSH no sólo hace lobby para que el dinero quede en la cuenta del BONY y no sea devuelto al Tesoro (bajo la teoría de que el país ya pagó, el problema lo tiene quien no pudo girar el dinero a destino), sino que desliza los viejos pedidos que el Gobierno viene haciendo casi diariamente en forma mediática.
"Es imposible que la República avance con una resolución de su deuda de una manera justa, equitativa y sostenible con los acreedores que no participaron en las Ofertas de Canje 2005 y 2010, si no se le da garantías para proteger la reestructuración de deuda que obtuvo el 92,4% de sus acreedores", dice CGSH, haciendo referencia claramente al latiguillo oficial de que hay que buscar una fórmula que no haga peligrar el canje por la "bendita" cláusula de mejor acreedor o RUFO.
Y sigue: "Por lo tanto, en ausencia de un instrumento que le diera a la República certeza de que no tendrá que hacer frente a la carga financiera resultante de la activación de la cláusula RUFO, el stay sigue siendo necesario y adecuado para que la República proceda totalmente hacia la solución integral que todas las partes y el Tribunal desean".
Esto viene a cuento de los dichos de este lunes por la mañana del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el sentido de que si se dispara la cláusula RUFO el país tendría litigios por u$s500.000 millones. Una cifra que por ahora sólo fue escuchada en el oficialismo, pero que en el mercado descreen en forma casi total.
Según CGSH, "para la ley argentina, si los servidores públicos causan daño previsible a la propiedad del Estado, ya sea debido a su imprudencia o falta de cuidado, están sujetos a juicio político, así como la responsabilidad civil y penal. Aquí, funcionarios públicos claramente estarían expuestos a dicha responsabilidad si, a pesar de los riesgos de la activación de la cláusula RUFO antes mencionados, no toman acciones y terminan aumentando significativamente los pasivos de la República y colocan en peligro la reestructuración de deuda".