El gobierno nacional avanza en su intento de contener las fuertes subas en los precios de los medicamentos. Tras haber ordenado que los laboratorios privados retrotrajeran los valores de venta de sus productos al 7 de mayo pasado, ahora apuntala la promoción de la producción pública de remedios: este lunes, la presidente Cristina Kirchner reglamentó una vieja ley de 2011 para favorecer el trabajo de los laboratorios estatales.
La Ley 26.688 declara de "interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos". Técnicamente fue sancionada el 29 de junio de 2011 y quedó promulgada de hecho el 29 de julio de ese año, cuando se cumplió un mes de que fuera votada por el Congreso. Ahora, casi tres años después, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial una reglamentación que especifica algunos párrafos de la normativa e incluye mayores facilidades para las plantas de producción pública.
Entre sus puntos más destacados, el Decreto 1087/2014 fija medidas para garantizar ahorro en los traslados de los remedios y establece una prioridad de hasta 5% sobre el precio del mejor oferente privado para los medicamentos producidos por plantas del Estado.
Con menores costos, el gobierno apuesta a establecer remedios con precios competitivos que sirvan de referencia en un mercado hoy dominado por los privados.
La reglamentación de la Ley 26.688 tiene fecha del pasado jueves 10 de julio, pero recién este lunes fue publicada en el Boletín Oficial con las firmas de Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Salud, Juan Manzur.
Apenas días antes, diputados del oficialismo presentaron en el Congreso un proyecto de ley para crear una agencia nacional que nuclee a las casi 40 plantas de medicamentos que dependen de la Nación, los distintos gobiernos provinciales y las universidades públicas.
"Reconociendo la salud como un derecho humano, la producción de medicamentos no puede dejarse exclusivamente en manos de privados, cuyo fin es la rentabilidad", explicó en aquel momento la autora del proyecto, la legisladora Carolina Gaillard.
La intención es que la llamada Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) pueda centralizar la compra de elementos que necesitan los laboratorios del Estado "para que el sistema público gane mayor competitividad en el mercado".