La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York levantó la medida cautelar que le evitaba a Argentina pagar unos 1.330 millones de dólares a acreedores de deuda incumplida, según informó la agencia de noticias Reuters. La decisión fue tomada luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos desestimó el lunes tomar la apelación argentina para intentar evitar o al menos demorar la sentencia.
Ante ese panorama, el gobierno argentino se encuentra en una encrucijada: si paga a los holdouts los u$s1.330 millones, se verá ante la eventual obligación de abonarle también una compensación a los bonistas que ingresaron al canje de deuda y que inicien demandas bajo el argumento del pari passu, establecido en la cláusula de Rights Upon Future Offers (RUFO) del prospecto de emisión de los bonos reestructurados, que determina que por un plazo de diez años, si se ofrece una mejora en los pagos a tan sólo uno de los acreedores, esa mejora deberá ser aplicada a todos los tenedores de bonos. Esa cláusula está vigente hasta fin de este año.
Esta mañana, un grupo de bonistas italianos ya anticipó que están dispuestos a recurrir a la Justicia para cobrar lo mismo que los holdouts si finalmente la Argentina resuelve cumplir con la sentencia.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó que los distintos bloques del Congreso de la Nación "han brindado el pleno respaldo a la posición argentina, en defensa del interés del país", luego de la reunión que mantuvo –junto a Kicillof y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini– con la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios para explicar los alcances del nuevo canje de deuda.
"Todos han coincidido en repudiar la actitud de los fondos buitre y consideraron que este fallo es lesivo contra la soberanía nacional y el interés del pueblo argentino", agregó Capitanich.