A finales de 2011, Urdangarin, ex jugador de handball español y esposo de la infanta Cristina, fue imputado por la Justicia ibérica por su supuesta implicación en el denominado caso Nóos, junto con su antiguo socio empresarial Diego Torres Pérez.
Este expediente se abrió en el año 2010 como una derivación del caso Palma Arena al ser encausados los dirigentes del Instituto Nóos, Urdangarin y el Torres Pérez. Los cargos por los cuales los imputó la Fiscalía Anticorrupción son malversación de caudales, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
Los presuntos delitos habrían sido concretados a partir de la fundación sin fines de lucro, Nóos, así como también de una red societaria de empresas asociadas a Nóos.
Debido a esto y al avance de las investigaciones que iban conociéndose a través de los medios de comunicación, el Palacio de La Zarzuela decidió apartar a Urdangarin de sus actos oficiales el 12 de diciembre de 2011, considerando que su comportamiento no había sido "ejemplar" para la Casa del Rey. Y a partir de ese momento, su imagen pública se vio progresivamente muy deteriorada entre la sociedad española.
La investigación siguió su curso y en abril de 2013 el juez del caso Nóos, José Castro Aragón, con base en los indicios recogidos durante todo el proceso, decidió imputar a la infanta Cristina, mujer de Urdangarin, aludiendo a la máxima de que "la Justicia es igual para todos". Mientras que el 7 de enero de 2014 el magistrado decidió imputar de nuevo a Cristina por lavado de dinero y delito fiscal.
Un golpe a la imagen de la Corona
Tras meses de trabajo, Castro fundamentó su imputación contra la infanta, que hasta el momento se había mantenido al margen de los escándalos que afectaban a su marido. En un detallado auto de 227 páginas, el magistrado recordó a la monarquía española que ya no es intocable.
A sus 76 años, y 39 de reinado, Juan Carlos ya ofrecía la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.
El deterioro de su imagen se inició con el caso Urdangarin y se agravó con una costosa escapada real a Botswana para cazar elefantes en 2012, que sorprendió a una España golpeada por la crisis.
A partir de ese momento ya no fue tabú hablar de su abdicación en favor del príncipe Felipe, lo que finalmente se dio a conocer este lunes a pesar de que ya se había decidido en enero pasado.
La casa real, afectada por el escándalo, quiere acabar cuanto antes con lo que su jefe, Rafael Spottorno, califica públicamente de "martirio".
"El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa", explicó en su momento Ana Romero, periodista del periódico El Mundo que cubre a la familia real.
El juez se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo, que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad que tiene al 50% con Urdangarin, y cuya caja, supuestamente, habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado por este último.
La contabilidad de Aizóon puso al descubierto, desde 2004, gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 de euros, o gastos privados por 262.120,87 de euros.
El juez Castro realizó un detallado inventario de todos esos gastos en un auto de 227 páginas lleno de referencias a facturas sospechosas.
"Los delitos contra la Hacienda que se le imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa", concluyó asegurando el magistrado.