Cómo Brasil reforzó su seguridad para el Mundial

El país anfitrión, que registra una de las tasas más altas en homicidios y secuestros en el mundo, debió embarcarse en un ambicioso proyecto de pacificación de zonas hostiles e invirtió casi mil millones de dólares para asegurar el normal desarrollo del torneo. Un repaso por las políticas impulsadas por Lula y Dilma

AFP 162

¿Cuál era la situación de la seguridad pública en Brasil en la pasada década y que ha derivado en la confección por parte del gobierno brasileño del documento Garantía de Ley y del orden (MD33-M-10) de cara a la realización del Mundial de Fútbol? Veamos algunos datos y cifras.

Brasil es el segundo consumidor de cocaína del mundo luego de los EE.UU. Si bien en las estadísticas de las Naciones Unidas la Argentina es el mayor consumidor per cápita de cocaína en América Latina, Brasil la supera en tonelaje de droga que entra y circula, lo cual es natural dado que cuenta con una población cinco veces mayor.

Los "Comandos" o grupos del crimen organizado que operan en grandes ciudades como Río de Janeiro o San Pablo cuentan con miles de miembros y arsenales compuestos por fusiles de asalto AK, M-16, R15, FAL, sub ametralladoras, granadas de mano, equipos de comunicaciones modernos y, tal como se comprobó pocos años atrás en Río, hasta algunas minas anti personales así como lanzacohetes livianos tipo LAW 3.

Brasil registra además alrededor de cien muertos al día por uso de armas de fuego y figura entre los primeros 10 puestos internacionales en materia de homicidios y secuestros. Ello y las metodologías usadas por estas organizaciones, puestas claramente en evidencia en mayo del 2006 en el Estado de San Pablo con el saldo de 60 agentes gubernamentales muertos, 300 medios de transporte y 60 entidades financieras destruidas, etc., son calificadas por especialistas civiles y militares como propias de guerrillas y grupos terroristas.

De hecho, ciertos sectores del gobierno del entonces gobierno del Lula Da Silva dejaron trascender en aquel entonces la necesidad de al menos iniciar un debate legal y político sobre la necesidad de tipificar legalmente estas acciones bajo el manto de terrorismo y con ello potenciar las penas y la jerarquía que el gobierno central y los Estados federales le deben dar al mismo.

El gobierno del PT asumió esta realidad por medio de un Decreto Presidencial del 2004, dándole un amplio pero claro marco de acción a las FF.AA. para recolectar información y desarrollar planes de contingencia para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico al interior de Brasil y en especial en los grandes centros urbanos.

De esta forma, según expresaron los militares y especialistas, se irían abandonando las estrategias espasmódicas de operaciones militares "sorpresa" frente a desbordes de violencia criminal para dar lugar a planes de corto, mediano y largo plazo más coherentes y metódicos y con bajos niveles de interacción con las fuerzas policiales sospechadas por las propias FF.AA. de altos niveles de corrupción.

Cabe recordar que la amplia participación de Brasil en la Operación de Imposición de la Paz en Haití en la pasada década fue calificada por el entonces Jefe del Ejército de Brasil, General Alburquerque, como una fuente de experiencia y entrenamiento para operaciones urbanas en ambientes hostiles que en su momento pueden ser de enorme utilidad para acciones dentro de Brasil.? El ingreso a operaciones de pacificación en las favelas de Río a partir del 2008 fue la coronación de todo este proceso antes mencionado.

La sucesión de eventos internacionales (la cumbre medioambiental de las Naciones Unidas en el 2013, los Juegos Mundiales Militares, el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016) no hicieron más que reforzar la necesidad de la prevención y la acción frente a factores de riesgo que pudiesen afectar a los mismos en momentos que Brasil se quiere muestrar al mundo como una potencia emergente y que busca un espacio en la mesa de los que toman las decisiones de la política internacional.?

Según la publicación especializada brasileña Defesanet, entre junio del 2013 y abril del 2014 las fuerzas de seguridad públicas de Brasil han adquirido 270 mil granadas y municiones lacrimógenas así como 263 mil cartuchos anti disturbios. Ello alcanza para lanzar en torno a 800 granadas o municiones por día durante 11 meses seguidos.

El gobierno de Rousseff ha destinado 57 mil militares a la custodia y protección de las ciudades mundialistas así como 21 mil efectivos de las FFAA que estarán en una fuerza de contingencia a ser usado en caso de emergencia. El costo de todo el dispositivo de seguridad del próximo Mundial ha sido hasta el momento de cerca de mil millones de dolares, de ellos casi un tercio fue destinado al despliegue y tareas de las FFAA.

Las élites políticas, sociales y militares del Brasil son lo suficientemente lúcidas para saber que la problemática del narcotráfico es infinitamente más compleja que comprometer más hombres y poder de fuego en su lucha. La utilización de inteligencia financiera, cooperación con otros países, énfasis en políticas de prevención y recuperación, la existencia de fuerzas policiales bien entrenadas, motivadas adecuadamente remuneradas ?son un factor central para moderar a infiltración del crimen organizado y la corrupción.

En todo caso, el documento de Garantía de Ley y del orden (MD33-M-10) busca un objetivo modesto pero no por ello fácil de garantizar, como es que el narcotráfico se mantenga como un problema de seguridad ciudadana y salud pública y no como una amenaza a la seguridad nacional y un desafío a sangre y fuego al Leviatan de un Estado Republicano y democrático.