Estados Unidos rechazó tajantemente, este viernes, que desempeñe un papel desestabilizador en la crisis que vive el gobierno de Nicolás Maduro. "Hemos sido muy claros en que no estamos interfiriendo en lo que esta pasando en Venezuela", dijo la vocera adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf.
El gobierno chavista anunció que presentará ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyos ministros se reúnen en Ecuador, la "primera denuncia formal" contra el gobierno de Barack Obama y el Senado estadounidense por la "injerencia" en asuntos internos de su país.
"Todo lo que hemos dicho constantemente es que las partes necesitan dialogar para encontrar una forma de seguir adelante, pero el Gobierno no ha mostrado voluntad de hacerlo todavía", lamentó la vocera estadounidense, quien consideró que estas acusaciones son una estrategia de Maduro para "desviar la atención".
En tanto, el pleno de la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, debatirá el próximo miércoles un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios chavistas por la violación de los derechos humanos en las protestas que vive el país desde febrero.
"Traer esta importante ley bipartidista al pleno envía un claro mensaje de que tomamos en serio los graves abusos cometidos por estos matones y apoyamos el derecho del pueblo de Venezuela a ejercer su libertad de expresión y de reunión", anunció este viernes la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen.
"Mientras miles de venezolanos continúan arriesgando su vida al demandar un cambio democrático, insto a mis colegas a apoyar esta ley y castigar a los que son responsables por las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro y sus secuaces", afirmó.
En caso de que el Congreso llegara a un acuerdo para aprobar las sanciones, el presidente Barack Obama tendría que decidir si apoyar o vetar la ley para castigar a los funcionarios de Maduro, que verían congelados sus bienes en Estados Unidos y tendrían prohibida la entrada al país, entre otros castigos administrativos.
Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han salido a protestar contra la elevada inflación -que alcanzó el 59% anual en marzo-, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y un alto índice de delincuencia.
Los incidentes en las marchas han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la fiscalía general.