Habían pasado 12 minutos de las 16 cuando se levantaba la audiencia en el Senado en la que representantes de todas las fuerzas de la oposición dieron su apoyo a Juan Pablo Suárez, el santiagueño que podría convertirse en el primer periodista en ser juzgado por la controvertida Ley Antiterrorista. Entonces la diputada Patricia Bullrich tomó el micrófono: "Un momento, nos acaban de avisar que la indagatoria se adelantó del jueves para mañana".
Lo que siguió fue una suerte de comité de crisis improvisado, un tumulto en el que el acusado, colegas suyos, legisladores y abogados evaluaban las opciones y repetían una y otra vez "no puede ser". Laura Alonso, organizadora de la audiencia, pedía a sus colaboradores que indaguen sobre la disposición judicial; Norma Morandini escuchaba una propuesta para que se firme una nota institucional que pueda justificar la inasistencia; Néstor Pitrola buscaba desesperado un experto en materia penal. Y Suárez repartía su atención entre ese debate y la preocupación que, a apenas unos metros, rebozaba el rostro de su esposa, Judith Sandra Wede.
"Sobre la marcha acaban de adelantar la indagatoria. Debería estar en Santiago del Estero, por lo que me vendría a buscar la fuerza pública para llevarme, aunque el Senado me haya convocado", explicó el director del sitio Última Hora a Infobae. "Esto agrava aún más lo que vengo sosteniendo, que es que vienen por nosotros".
Unas hora antes Suárez relataba en el Salón Azul de la Cámara alta –cuyo presidente provisional es Gerardo Zamora, a quien el periodista y la oposición atribuyen la "persecución"– cómo fue detenido y sus oficinas allanadas a raíz de la cobertura que hizo el 9 de diciembre de la detención de un agente de la policía provincial –Nelson Villagrán– que intentaba encadenarse en la plaza central para reclamar por su salario. "Estuve 10 días en un calabozo de 1 metro por 1,5 con otras cinco personas", recordó.
"No creo en la Justicia que me va a juzgar"
"No creo en la Justicia que me va a juzgar", dijo al señalar presuntos vínculos entre el tribunal y la gestión de la gobernadora Claudia Ledesma Abdala. "¿Puede un juez interpretar el trabajo del periodista, decir hasta qué punto informa? No estoy dispuesto a entregar mis fuentes, prefiero pasar 12 años preso que vivir de rodillas", añadió al acordarse que la treintena de efectivos que revolvió la redacción del medio que dirige se llevó computadoras y celulares.
Además de Alonso, Morandini y Pitrola, la historia fue oída por legisladores como Ernesto Sanz, Elisa Carrió y Graciela Camaño. También por representantes de Adepa, Fopea y la Fundación LED. A su turno, todos se solidarizaron con su situación, cargaron contra el kirchnerismo y denostaron la Ley Antiterrorista.
"Es un atentado al orden democrático, esto es terrorismo de Estado", disparó Carrió, quien reconoció que se había anoticiado del caso recientemente. A su lado, Omar Duclos resaltó que "se cumplen los peores vaticinios de los momentos en que se debatía la ley", mientras que su par cordobesa Patricia de Ferrari Rueda apuntó que el hecho de que esa norma tenga como primeras víctimas a Suárez y al cacique QOM Félix Díaz "habla del tenor y lo nefasta que es".
Enseguida, la oposición cerró filas sobre el frente de batalla. Bullrich adelantó que la semana que viene la comisión que preside pondrá a consideración un proyecto de Alonso para derogar la normativa –que incluso encontró resistencias en el seno del oficialismo– y todos convinieron trabajar para intentar que llegue al recinto. Hasta exploraron la posibilidad de que se convierta en un reclamo recurrente cada semana, al modo que lo han hecho los miércoles con la suba del mínimo no imponible.
"El caso Suárez es un caso testigo de la aplicación de la Ley Antiterrorista. Aquí no hay evidencia de que el ejercicio del periodismo pueda ser un acto terrorista", afirmó la diputada del PRO en declaraciones a este medio.
Terminada la audiencia, y cuando todavía no había decidido cómo procedería, el periodista agradeció la "diversidad" de quienes se acercaron a manifestarle su respaldo. Consultado por Infobae, opinó que la "persecución" de la que es objeto no responde sólo a las directivas del Poder Ejecutivo de su provincia. "Es un alineamiento con el gobierno nacional. Esto es obedecer órdenes superiores para que un periodista termine preso y sentar un precedente para que de aquí en más cada uno de nosotros piense dos veces cada vez que va a decir algo".
"La Presidente siempre recuerda que vivió épocas de terror; lo que debería saber es que hoy su gobierno también está impartiendo el terror. Lo digo porque tiene terror mi familia", concluyó.
Pasadas las 19, Suárez consiguió subirse a un avión con destino a Santiago del Estero. A las 9 de mañana será indagado por el fiscal bajo las cargos de "sedición" y de "incitar a la violencia colectiva contra las instituciones".
El delito del periodista fue haber registrado en video la detención de un policía en una plaza pública. "Lo que ocurre en la vía pública, aterroriza. Pero aterroriza al déspota, al corrupto", dijo esta tarde Carlos Laplacette, de Adepa.
Por iFederico Ibañez -fibanez@infobae.com/i