Diputados ya discute los proyectos para regular piquetes

La Comisión de Asuntos Constitucionales debate las seis iniciativas para controlar manifestaciones y cortes de calles. Hay propuestas del kirchnerismo, el PRO y el Frente Renovador

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Los seis proyectos para regular la protesta social comenzaron a ser debatidos este martes a las 14 en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados que preside la kirchnerista Diana Conti.

Precisamente la de ella será una de las cuatro propuestas a discutir que se presentaron en un primer momento. Las otras tres pertenecen a Darío Giustozzi (Frente Renovador), Federico Sturzenegger (PRO) y Juan Manuel Pedrini (Frente para la Victoria).

Además, entre el lunes y el martes se sumaron dos nuevos proyectos a los cuatro presentados en principio, con las firmas de Pablo Tonelli (Pro) y Araceli Ferreyra (FpV). Así, se presentaron los fundamentos y alcances de sus respectivas iniciativas, así como las coincidencias y diferencias con las propuestas de sus pares.

El proyecto de ley kirchnerista propone "garantizar y afianzar derechos" de los ciudadanos que se ven afectados por cortes de tránsito durante distintas manifestaciones. La iniciativa, que tiene 34 artículos, establece "reglas precisas de convivencia" para "saldar una deuda legítima, garantizando el derecho de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones públicas".

El punto que más discusiones generó de la propuesta ya de por sí polémica fue el requerimiento de que todas las manifestaciones soliciten permiso al gobierno nacional 48 horas antes de su realización para que sean autorizadas.

El proyecto está en línea con el discurso de la presidente Cristina Kirchner, quien en la Asamblea Legislativa de este año habló de la necesidad de establecer "una norma de respeto y convivencia urbana".

"Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana", planteó en esa oportunidad.

En términos generales, la discusión sobre la protesta social es planteada como una cuestión de "colisión de derechos". Esto es, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado; ambos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional, según la información brindada por Parlamentario.

"Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender", reza el texto de la carta magna.

Tras las presentaciones de los proyectos, se acordó que la comisión vuelva a sesionar el 10 junio para escuchar a un grupo de siete representantes de organizaciones sociales y sindicales y especialistas en la materia. Entre ellos: CTA-ATE, el abogado Roberto Gargarella, Quebracho, CELS y Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia.