El trágico incendio que en febrero consumió un galpón de la empresa Iron Mountain y se llevó la vida de una decena de bomberos y rescatistas sigue bajo la mira de la Justicia. A las preexistentes sospechas de intencionalidad del siniestro, ahora se suma la noticia de que la AFIP denunció a la compañía por presunto lavado de dinero.
La empresa, dedicada a soluciones de administración, protección y almacenaje de información para instituciones financieras, está bajo observación judicial por una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan a los delitos de blanqueo de activos.
El grupo -repasa Página/12- tiene su casa matriz en Boston, pero el 98,8 por ciento de la filial argentina es propiedad de una firma que antes estaba radicada en las islas Caimán y desde el año pasado se encuentra en Luxemburgo (ambos paraísos fiscales). Además no se sabe quiénes son sus dueños y, a pesar de facturar entre 55 y 120 millones de pesos al año y contar con una plantilla de más de 300 empleados, nunca pagó Ganancias porque sus balances dan pérdidas.
La AFIP había comenzado a investigar a Iron Mountain siete meses antes del incendio y el proceso de fiscalización se aceleró a partir de la tragedia. A su vez, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Carlos Gonella, había puesto el caso bajo la lupa para determinar qué tipo de información había en el depósito que se prendió fuego.
Los primeros datos recabados permitieron adelantar que en el siniestro se destruyeron cajas con datos que podían resultar decisivos para una serie de investigaciones por presunto lavado de dinero que involucraban a los bancos HSBC, BNP Paribás, Patagonia y JP Morgan.
Entre 2007 y 2014, la filial argentina recibió 17,8 millones de dólares y realizó pagos por 1,8 millones. Esto motivó que que la AFIP preguntara en su presentación judicial: "¿Cuál es la lógica comercial y financiera que lleva a sostener una empresa que no genera utilidades, aumenta su patrimonio neto, sostiene un numeroso personal y requiere la permanente inyección financiera de un préstamo con origen en paraísos fiscales?".
El ente recaudador realizó la denuncia en base a esos movimientos extraños y tras la emisión de cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y una solicitud de información a las islas Caimán que aún no tuvo respuesta. El caso será investigado por el magistrado Sergio Torres, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No 12.
El incendio del depósito ubicado en Barracas generó dudas desde un primer momento: la presunta intencionalidad del siniestro es una posibilidad que estuvo latente desde un principio. El Consejo Nacional de Bomberos sembró dudas al manifestar que fue "muy raro lo que pasó". E incluso los bancos se mostraron preocupados por la documentación que desapareció.
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