El líder militar de los separatistas de Donetsk, Igor Strelkov, aseguró que la "operación contraterrorista" contra el gobierno de Ucrania es en respuesta a los ataques a los bastiones prorrusos. "Los mandos deberán cumplir, a partir de ahora, sólo mis órdenes", exigió Strelkov este lunes, tras el referéndum en el que el 89,1 por ciento de la población votó a favor de la independencia.
Dicho proceso fue duramente cuestionado por el gobierno ucraniano, los Estados Unidos y la Unión Europea por su falta de transparencia, legitimidad y juicio en el marco de un conflicto político que podría conducir a una guerra civil y a la secesión del territorio.
"Tienen 48 horas para jurar lealtad a la República Popular de Donetsk (RPD) o abandonar su territorio. Todos los que pasen bajo el mando de la RPD tendrán garantizados el mantenimiento del grado militar, sueldo y prestaciones sociales", señaló el comandante de las autoproclamadas fuerzas armadas. La orden alcanza a "todos los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas, del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Ministerio de Interior".
Las autoridades separatistas pidieron, además, la incorporación de Donetsk a Rusia. "Para restaurar la justicia histórica, pedimos a la Federación Rusa que considere la posibilidad de incorporar a la República Popular de Donetsk", aseguró el líder separatista prorruso Denis Pushilin, quien agregó que las elecciones presidenciales previstas para el 25 de mayo en Ucrania "no se llevarán a cabo en Donetsk".
El gobierno de Vladimir Putin, que había solicitado públicamente que no se realizara el referéndum en esa región ni en la de Lugansk, también en el este del país, instó a los separatistas al diálogo, pero llamó al gobierno ucraniano a reconocer el resultado de la votación.
"En Moscú, respetamos la expresión de la voluntad de los ciudadanos de las regiones de Donetsk y Lugansk", declaró el Kremlin el lunes en un comunicado, tras los polémicos referéndums en estas zonas del este rusohablante de Ucrania.
No obstante, la Presidencia rusa afirmó partir "del principio de que la puesta en práctica del resultado de los referendos se llevará a cabo de manera civilizada, sin más violencia, mediante el diálogo entre los representantes de Kiev, Donetsk y Lugansk".
En Bruselas, la Unión Europea (UE) decidió, este lunes, agregar a 13 personas y dos empresas a la lista de personas físicas y jurídicas sujetas a sanciones, mientras que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) presentó al bloque europeo una hoja de ruta para salir de la crisis.
El presidente de la OSCE, Didier Burkhalter, quien destacó una "apertura hacia el diálogo" en Moscú, consideró, en respuesta a una pregunta sobre las nuevas sanciones de la UE, "que no se debe hacer nada que pueda ser entendido por unos u otros como una acción de provocación". La OSCE nombró a un mediador para tratar de convencer a todas las partes en Ucrania de participar en una mesa de diálogo para definir la futura organización del país.
La hoja de ruta tiene cuatro puntos principales y retoma lo acordado en Ginebra por la UE, Ucrania, Estados Unidos y Rusia: el cese de la violencia y la amnistía a los opositores prorrusos, el desarme de los grupos armados y el "regreso del monopolio de la fuerza al Estado", la promoción del diálogo nacional y la organización de las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
Estados Unidos también denunció "el referéndum ilegal", que constituye un factor "de división y de desorden". El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, había repetido el lunes que el referendo era una "farsa" sin efectos jurídicos e indicó que las autoridades ucranianas "continuarán dialogando con aquellos que en el este de Ucrania no tengan las manos manchadas de sangre y estén dispuestos a defender sus objetivos de manera legal".