El nepotismo, una plaga sin freno en la política argentina

La frase de José Alperovich, quien atraviesa su tercer mandato al frente del gobierno de la provincia de Tucumán, revela la falta total de conciencia de la desviación ética que representa el nepotismo, una práctica tan extendida en el sistema político actual que ya se ha naturalizado.

Anestesiada por el impacto de otras prácticas opacas, como la malversación de fondos, los sobornos o el enriquecimiento ilícito, la opinión pública parece ya sin capacidad de reacción ante la costumbre cada vez más difundida de rodearse de parientes, favorecerlos en la obtención de cargos en diferentes áreas de la administración pública o de las legislaturas –a todos los niveles: nacional, provincial y comunal- o bien beneficiarlos en negocios con el Estado.

Y eso que no faltan casos de impacto.

El último en data, fue el de Carlos Liuzzi, subsecretario técnico de Carlos Zannini, quien nombró en el Gobierno a 22 familiares y allegados.

Jorge Lanata denunció recientemente en su programa "Periodismo para todos", varios casos de nepotismo en la Argentina. Entre otros, el nombramiento en cargos públicos de 8 allegados del diputado Eduardo "Wado" De Pedro. Por ejemplo, Gerónimo Ustarroz, uno de sus hermanos de crianza, accedió al puesto de director de administración de la Subsecretaria de Coordinación del Ministerio de Justicia. Otro hermano suyo, Juan Ignacio Ustarroz, está en la Anses. Allí también se ubicó Silvia Alicia Revora, su tía, mientras que Gustavo Javier Revora, un primo, es director técnico del Registro Nacional de Armas (Renar). También encontraron acomodo en el Estado Juan Cruz España, un primo, Sofía Mirabel Revora, prima y Eleonora Sampol, otra prima.

Y todo el mundo recuerda el caso del dirigente Luis D'Elía, ex funcionario y referente social del kirchnerismo, que tiene a tres de sus hijos trabajando en Anses. Cuando el dato salió a la luz, la única justificación fue que ganaban lo mismo que cualquier otro empleado. Pero nada se dijo sobre el modo en que fueron contratados.

Y estos son sólo algunos de los casos más notorios. En todos los pliegues de la administración, se repite el fenómeno sin mayores cuestionamientos éticos.

Lejos de considerar al nepotismo como una forma enmascarada de corrupción, los funcionarios defienden su derecho a rodearse de sus seres queridos en el contexto de su cargo público.

En junio de 2012, por ejemplo, frente a las acusaciones de diario La Gaceta en referencia a varios nombramientos de familiares y amigos en cargos públicos, el Gobernador José Alperovich había declarado que "cada uno tiene derecho a nombrar a la gente que quiere".

Es llamativo que, a más de dos siglos de las revoluciones modernas que abolieron los privilegios de cuna, se tolere en un régimen republicano la prevalencia de la sangre como criterio de promoción.

El término nepotismo, que deriva de la palabra nepote o nipote, "sobrino" en italiano, viene de la tradición secular de los Papas de nombrar familiares como cardenales -"cardenales nepote" se los llamaba- de la Iglesia. Luego, se extendió al uso laico en las empresas privadas y la Administración pública. Si bien el término nace en un contexto monárquico, la práctica existe desde el nacimiento de la democracia en Grecia con la tiranía de los Pisístratos y se fue manteniendo hasta la actualidad en las instituciones públicas.

La Real Academia Española define al tema como la "desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos".

Del nepotismo a las leyes anti-corrupción en el mundo

Argentina no es el único país que conoce casos de nepotismo, desde ya; las elites políticas de todas partes siguen negando lo fraudulento de la práctica. Sin embargo, algunos países, en el marco de defender la "meritocracia" republicana, ya empezaron a legislar sobre el tema.

En Ecuador, el nepotismo está prohibido por la Constitución, no obstante, todavía está pendiente la elaboración y promulgación de una ley que lo confirme.

Francia no tiene una prohibición constitucional del nepotismo, sin embargo, las leyes anticorrupción permiten regular su uso. En 2009, el hijo del presidente francés de entonces Nicolas Sarkozy estuvo en el centro de un escándalo político. A los 23 años y con sólo algunas materias universitarias aprobadas, Jean Sarkozy había sido nombrado director de la EPAD, el organismo público que gestiona La Défense, el barrio financiero de París. La decisión fue cancelada por el mismo Presidente frente a las acusaciones de nepotismo.

En los Estados Unidos, según la tradición, cada estado tiene su propia ley al respecto. En su mayoría, las leyes estatales tratan sobre todo lo referido a consideraciones éticas, pero en algunos de ellos se agregaron leyes específicas sobre el nombramiento de allegados.

Por ejemplo, en la Florida, un legislador no puede nombrar o recomendar a un familiar o amigo para un puesto en el sector donde él trabaja. Tampoco puede ejercer cargos de dirección en sectores donde trabajan familiares suyos.

Puerto Rico, Estado libre asociado a los Estados unidos, se destaca con una ley de 2000 que en el nombre del "principio de mérito", prohíbe los nombramientos en el aparato del Estado "a persona alguna que tenga parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de sus miembros".

En el caso único de un puesto o nombramiento "que se entienda que es imprescindible para el buen funcionamiento de la agencia y el bienestar del servicio público", se podrá pedir una solicitud de dispensa ante el Director de la Oficina de Ética Gubernamental.

Un proyecto que condenaría e impediría al nepotismo en la Administración pública

Aunque en Argentina la igualdad de trato ya está inscrita en el Código de Ética de la Función Pública, la prohibición del nepotismo en el ámbito de la administración estatal significaría un cambio importante en el reglamento y las costumbres.

La senadora por la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Michetti (PRO) y sus colaboradores estuvieron elaborando un borrador de proyecto de ley para prevenir los actos de nepotismo y "amiguismo".

Si bien el texto al que accedió Infobae aún está en proceso de escritura, ya tiene identificada la problemática del "uso que hace una persona de su poder público o posición dentro de la estructura estatal o de gobierno para asignarle un trabajo a un allegado" o favorecerlo.

El autor del borrador, Torcuato Sozio, ex asesor de Michetti y especialista en ética pública, apuntó, por un lado, a la prohibición para un empleado de designar o contratar él mismo a un familiar o allegado; y, por el otro, que tampoco pueda una persona bajo su autoridad designar al familiar en cuestión por indicación suya.

Estas restricciones no se aplicarían a los contratos obtenidos en el contexto de concursos públicos; también se está pensando en una forma de permitir a un familiar cuya competencia es necesaria al puesto acceder al cargo.

Más allá de una ley, se necesita un cambio en la cultura política

El artículo 186 de la Constitución de Guatemala prohíbe a los familiares del Presidente "hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad" aspirar a la primera magistratura, es decir a sucederlo.

En 2011, la Primera Dama, Sandra Torres de Colom, apeló a la estratagema de divorciarse de su marido, el presidente Álvaro Colom, para poder presentarse en las elecciones generales. La estrategia levantó una ola de pedidos de juicio por parte de la oposición que denunció un delito de "fraude de ley".

El establecer una ley en contra del nepotismo permitiría condenar oficialmente esta práctica. Sin embargo, el caso guatemalteco es la prueba de que esta condena, para ser eficiente, tiene que acompañarse de un replanteamiento de los usos vigentes en la clase política.

Walter Bouzada, colaborador de la senadora Michetti, comentó a Infobae que el proyecto que fue iniciado el año pasado todavía necesita ser revisado y consultado para que se presente al Congreso en la forma que mejor se adapte a la legislación ya vigente.

A partir de ahí, la cuestión sería: ¿cómo hacer para que nuestros políticos asuman esta nueva responsabilidad frente a la igualdad entre los ciudadanos?