El diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño (PTS-Mendoza) adelantó ayer que rechazarán "con todas nuestras fuerzas" el proyecto del kirchnerismo y afirmó que "es un plan reaccionario que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores".
"Vamos a convocar a las distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote", sostuvo en un comunicado.
El legislador bonaerense y dirigente del PTS, Christian Castillo, consideró que "parece haber un concurso entre el kirchnerismo y la oposición de derecha de Sergio Massa, que anunció un proyecto similar, para ver quién es más reaccionario".
"El Gobierno necesita cercenar el derecho a la protesta porque, como hemos visto en el paro nacional del 10 de abril, los trabajadores van a resistir el techo salarial y el plan de ajuste que aplica el Gobierno con el apoyo de las grandes patronales", sostuvo Castillo en un comunicado.
La dirigente del MST-Nueva Izquierda Vilma Ripoll afirmó que "Cristina Kirchner ya no esconde, con más doble discurso, su política represiva. Ahora con el apoyo de Mauricio Macri también busca limitar los piquetes para avanzar con el ajuste".
"Esta ley expresa un salto cualitativo en la judicialización de la protesta social, que no es nueva y lleva ya más de 5.000 luchadores procesados", sostuvo la dirigente.
El dirigente de MAREA Popular Itai Hagman afirmó que "es muy grave querer quitarle legitimidad a las protestas inventando una formalidad para poder reprimirlas" y dijo que "la verdadera legitimidad de toda protesta es política y donde hay una necesidad hay un derecho incumplido".
"Este proyecto de ley se enmarca en la decisión del kirchnerismo de establecer un pacto de gobernabilidad con la oposición y el poder económico para llegar al 2015 en una retirada ordenada", manifestó el dirigente en un comunicado.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también expresó su preocupación por el proyecto de ley que impulsa el kirchnerismo en el Congreso para regular las protestas sociales en la vía pública.
"Es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años", consideró la entidad que preside Horacio Verbitsky.
En un comunicado de prensa, el organismo de derechos humanos criticó aspectos del proyecto como que se clasifique "ciertas protestas como ilegítimas", así como la necesidad de "exigir la notificación previa a la Policía" y el hecho de "establecer plazos exiguos para la mediación".
"El proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones", consideró el CELS.
Además, recordó que "aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma".
Llamativamente, la diputada macrista que había aplaudido de pie cuando Cristina Kirchner reclamó en el Congreso regular los piquetes, Laura Alonso, consideró ayer que el proyecto es ?inconstitucional.
"Para Kunkel, hay manifestaciones legítimas e ilegítimas. De movida y sin mucha vuelta es inconstitucional"?, sostuvo en su cuenta de la red social Twitter, donde cuestionó que la iniciativa le dé ?al Ejecutivo la potestad de decidir si una manifestación es legítima o no?.
Distinta es la visión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. En declaraciones a C5N, aseguró que están "listos para colaborar con Cristina contra los piquetes" y pidió recuperar la libre circulación "en forma inmediata".
El proyecto de los diputados kirchneristas Carlos Kunkel, Diana Conti, José María Díaz Bancalari y Sandra Mendoza no es el primero en su tipo tras el reclamo público que hizo la Presidente en el Congreso. Los diputados Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Sturzenegger (Pro) se anticiparon con sendas propuestas sobre "convivencia ciudadana" en la Cámara baja, publicó el diario La Nación.
El del massista Giustozzi reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de los recursos tecnológicos para que la protesta popular pueda ser difundida a la opinión pública.