Toma de la ex KGB: los activistas prorrusos liberaron a 56 rehenes

La oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) de la ciudad de Lugansk está tomada por separatistas desde el domingo, cuando retuvieron a un total de 60 personas. Un diálogo con diputados permitió la liberación

AFP 163

Unas 56 personas pudieron salir este martes de la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la ciudad oriental de a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lugansk" rel="noopener noreferrer" Lugansk/a, donde estaban retenidas desde que fue ocupada el domingo por activistas prorrusos, informó la oficina de prensa de dicha dependencia.

Para las 04:00 hora local (01:00 GMT), como resultado de las conversaciones con los ocupantes de la sede, habían salido del edificio un total de 56 personas, según un comunicado publicado en la página web del SBU.

El SBU denunció ayer que los activistas prorrusos mantenían a unas 60 personas como rehenes.

El Parlamento aprobó el endurecimiento de penas por delitos contra el Estado
"Los ocupantes de la sede permitieron entrar a varios diputados", agregó la nota oficial, que no utilizó la palabra "rehenes" para referirse a las 56 personas que abandonaron el edificio.

Según las autoridades ucranianas, los activistas prorrusos se hicieron con las armas de la armería de la sede del SBU y colocaron minas en su interior.

El Gobierno de Kiev ha redoblado las medidas de seguridad en las regiones orientales del país, de población mayoritariamente rusohablante.

El jefe del Gabinete de la Presidencia de Ucrania, el jefe del Serguéi Pashinski, ha advertido de que el Gobierno empleará la fuerza si los ocupantes de los edificios públicos no los abandonan pacíficamente.

"Si no encontramos la forma de arreglar la situación por la vía pacífica, actuaremos de acuerdo a la ley antiterrorista y a otras normas", declaró ayer el alto cargo.

Por su parte, la a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rada_Suprema" rel="noopener noreferrer" Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania/a aprobó la víspera una serie de enmiendas que endurecen las penas por delitos contra el Estado y castigan con hasta quince años de prisión o presidio perpetuo las acciones separatistas que conduzcan a la muerte de personas o tengan consecuencias graves.