Poco más de la mitad de los arrestados ya han sido liberados, pero eso no ha sido una buena noticia para ellos: ninguno se desvinculó del riesgo de ser enjuiciado y terminar en la cárcel.
Mientras tanto tienen sus libertades restringidas: algunos deben presentarse en forma periódica ante los tribunales y tienen prohibido participar en manifestaciones, con la amenaza de un eventual juicio en el futuro. Aún hay 86 personas privadas de su libertad.
Las oleadas de detenciones continúan a un ritmo constante, y las denuncias contra los procedimientos coinciden en todo el país: hay apresados que afirman haber sido torturados, sometidos a tratos crueles o inhumanos; amenazados o se les ha impedido comunicarse con sus familiares y abogados hasta por 48 horas y más.
Según otras denuncias, otros detenidos fueron interrogados por funcionarios de inteligencia sin que esas preguntas aparezcan en un acta; despojados de sus teléfonos celulares para ser revisados; presentados en tribunales con escasos minutos para dialogar con los defensores; coaccionados para firmar documentos; o acusados con pruebas falsas o cargos "inventados".
Para muchos, la arremetida contra los jóvenes por manifestar –derecho consagrado en el artículo 68 de la Constitución– no tiene precedentes y constituye la apertura de un proceso penal de dimensiones colectivas que condicionará el futuro de muchos jóvenes, al restringírsele su libertad y exponerlos a procesos judiciales que pueden extenderse en el tiempo.
El caso del cierre de RCTV en 2007 se asemeja por tratarse del mismo grupo de la sociedad. Pero de lo que sucede en la actualidad, esas protestas se extendieron tan sólo por 14 días, tiempo en el cual menos de 300 personas fueron arrestadas y liberadas de inmediato, sin que se abrieran expedientes que pudieran dejar antecedentes penales en hojas de vida personales.
"Existe una política sistemática de persecución de un grupo específico de la población del país, en este caso los estudiantes. La intención es criminalizarlos, para construir una narrativa en defensa del Gobierno", afirma Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Las detenciones iniciadas desde la marcha por el Día de la Juventud en Caracas se han producido en cuatro fases: en un primer momento fueron hechas durante manifestaciones realizadas en varios estados del país, pero luego se ejecutaron de manera indiscriminada, a cualquiera que estuviese cerca de una barricada, según publica el periódico El Nacional.
En un tercer momento tuvieron carácter
contra personas que al parecer intentaban sumarse a las protestas. La última fase ha sido la
desplegada con un
de más de un mes, a partir de información obtenida en interrogatorios y celulares. Esto permitió, desde hace dos semanas, el allanamiento de viviendas y oficinas de personas que presuntamente organizan protestas.
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