Aunque parezca increíble, es un nuevo capítulo del magro presente institucional de Independiente. En medio de la preparación para el duelo de esta noche ante Sarmiento en Junín, el club conoció una noticia realmente fuera de los límites de la imaginación. Como consecuencia de la deuda de 1.700.000 pesos (que ascendería a 2.300.00 porque debería abonar 600 mil más por costos) que el "Rojo" mantiene con su persona, Luciano Leguizamón decidió embargas las Copas de las vitrinas.
En su momento, cuando firmó su arribo a la entidad de Avellaneda, el ex atacante de Arsenal rubricó un vínculo por tres temporadas de duración. No obstante, sólo jugó una y su salida se precipitó a razón del descenso en junio del año pasado. Desde allí quedó latente una enorme deuda económica y el punta, de presente en Everton de Chile, inició acciones legales para finalmente cobrar ese monto. Pero debido a que un juicio laboral se extendería demasiado en el tiempo, llevó a cabo un embargo sobre las "joyas" más preciadas de los tiempos futbolísticos de gloria.
En diálogo con De Una Otro Buen Momento, programa que se emite por Radio La Red, Ricardo Frega Navia, abogado del futbolista, confirmó la medida y manifestó que "Independiente tiene 5 días para pagar". Además de explicar los procedimientos jurídicos de una causa que generó sorpresa en los pasillos del club y que el propio Leguizamón solamente reclama la cifra correspondiente al período en que defendió la camiseta del equipo, deseó que "ojalá que le paguen, porque él colaboró pidiendo su año de trabajo y no todo el contrato".
"Nadie quiere lesionar la imagen del club y Leguizamón tampoco recibió amenazas, aunque no creo que debiera recibirlas. Solamente queremos que Independiente pague lo que debe", añadió, ante las versiones de mensajes intimidantes hacia la figura del hombre que quedó marcado por la desgracia deportiva de 2013. "En caso de que eso avanzara, no es que Leguizamón se quedará con las Copas, sino que saldrán a subasta", cerró su discurso, avisando que además se le sumará un interés del 30% por los retrasos al dinero reclamado.
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