"La gestión de Nora de Lucía es mala, administrativa, política y pedagógicamente hablando. Desde que está ella no se habla de planes educativos, no hay capacitación docente; ella misma no está a gusto, no está en el lugar donde debería estar. Renunció ya cuatro veces, debería volver al Senado", dice Miguel Ángel Díaz, secretario general de Udocba (Unión de Docentes de Buenos Aires).
El gobernador Daniel Scioli le confió la Dirección de Cultura y Educación –tal el nombre actual de la cartera– a Nora de Lucía, cuando fracasó el acuerdo que tenía con Suteba y con Silvia Gvirtz –la anterior ministra del área–, que le habían prometido "paz social", es decir, que los fondos de Nación llegarían en tiempo y forma.
Cuando esto no funcionó, en agosto de 2012, Scioli echó a Gvirtz y apeló a alguien de su riñón político. Fue Alejandro Arlía, ex ministro de Economía provincial y actual titular de la cartera de Infraestructura bonaerense, quien proveyó a Daniel Scioli de dos personas de su total confianza para sendos cargos clave: Silvina Batakis, que lo sucedió en Economía, y Nora de Lucía, a quien conocía por haber formado parte de sus equipos.
"No sabe nada de Educación", dice, tajante, un ex funcionario del área, que prefiere hacer reserva de su nombre.
En efecto, el perfil de la titular de Educación provincial es el de un cuadro político, territorial, que siempre militó en el peronismo –es hija de un dirigente sindical para más datos– y que hoy está al frente de la cartera sólo "porque se lo pidieron y para poner la cara, sin margen de maniobra para diseñar una política", dice el mismo funcionario.
"Con ella no hay proyecto educativo, se hace lo que se puede", agrega, aunque luego concede: "Seguramente De Lucía es una persona eficaz en el área que conoce". Es decir, la administración y la economía.
La ministra de Educación provincial es abogada y escribana; ambos títulos los obtuvo en la Universidad de La Plata. En 2011 fue elegida Senadora por la VIIIª Sección Electoral de la provincia. Presidió la Comisión de Presupuesto e Impuestos. Su mayor cercanía con el área que hoy maneja es haber sido vocal en la comisión de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Técnica.
Antes de llegar al Senado, en el año 2008, había sido subsecretaria de la Pequeña, Mediana y Microempresa del Ministerio de la Producción de la Provincia y, entre 2009 y 2011, subsecretaria de Política y Coordinación Económica del Ministerio de Economía.
Hoy está al frente de un área que maneja 2.200 escuelas y el mayor presupuesto provincial. Sin embargo, con doce días de paro docente cumplidos, su mayor reflejo fue pedir a los sindicatos que dialoguen "con los chicos en las aulas", llegó a decir que los docentes ganaban hasta 44 mil pesos e hizo un llamado de orden casi místico: "Estamos convencidos que en este momento nos tenemos que parar frente a la sociedad y hacer una invocación como lo ha hecho la Iglesia, para que cambien la postura".
"Aceptó el cargo por compromiso", dice también Miguel Angel Díaz. "El Ejecutivo no la ayuda porque le recorta los fondos. Cuando se aprobó el presupuesto provincial se definió que el 37% de los fondos debía ir a Educación. Si el presupuesto total es de 180.000 millones, y en educación se invierten 50 mil, una cuenta sencilla da que faltan 16.000 millones ya que el 37% son 66.000 millones de pesos", sostuvo.
Díaz agrega que, a diferencia de anteriores ministros, De Lucía no tiene interés en el tema del que debe ocuparse. "A Mario Oporto, cuya gestión también fracasó, al menos le interesaba la educación. Pero ahora tenemos una funcionaria que no tiene el equipo ni la envergadura para un cargo ejecutivo como éste".
Por ejemplo, dice, si se tiene a alguien como José Octavio Bordón (que ejerció este cargo durante la gobernación de Carlos Ruckauf), por lo menos es una personalidad de peso político propio que puede plantársele a un gobernador. "En cambio, cuando se es nada más que un empleado, no se tiene margen de maniobra".
Sciolista acérrima, De Lucía no dudó en demostrar su lealtad cruzando públicamente a Gabriel Mariotto, el vicegobernador impuesto por la Casa Rosada. Por las mismas razones, aceptó un cargo que no le interesaba y para el cual no tiene la formación necesaria.
En tiempos normales y en épocas de vacas gordas, esta disfuncionalidad podía resultar relativamente inocua, pero en medio de uno de los conflictos sindicales más agudos y con mayor impacto en un servicio público esencial como es la educación, el perjuicio que causa semejante anomalía se hace evidente.
Por Claudia Peiró - cpeiro@infobae.com