Poco antes de las 18 de este martes terminó la primera audiencia del juicio oral por la tragedia de Once, que había comenzado a las 11:36 y estuvo interrumpida por un intervalo de algo más de dos horas. Se trató de una jornada signada por formalidades de la requisitoria. El proceso continuará la semana próxima, y está previsto que se desarrolle los lunes y martes.
Entre los factores que deben determinar los jueces se cuenta la posibilidad de que en el accidente haya habido responsabilidad de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Este último vivió un momento incómodo al llegar, cuando fue abordado por la prensa y algunos familiares que estaban en el lugar para pedir justicia. "Yo estoy tranquilo, no voy a hablar por ahora. Voy a venir a todas las audiencias", llegó a decir el ex funcionario kirchnerista antes de ingresar a Comodoro Py.
Además de los ex secretarios de transporte, en las primeras filas y a sala llena, se encontraban los acusados Marcos Antonio Córboba (motorman), los empresarios Sergio Claudio, Mario y Claudio Cirigliano, los ex titulares de la CNRT, Antonio Sícaro y Pedro Ochoa, y el ex secretario de Transporte, Antonio Luna.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Federico Delgado consideró que existió un "pacto" entre la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y el Gobierno que "disolvió" toda instancia de control en el servicio de la línea Sarmiento.
El fiscal aseguró que entre 2003 y 2009 los subsidios crecieron un 132 por ciento, pero "no se reflejó en el servicio". "El Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar", advirtió el fiscal, y agregó que "esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho".
Sobre el maquinista Marcos Córdoba, el fiscal sostuvo en su pedido de elevación a juicio que "ingresó a la estación a una velocidad mayor que la permitida y con el dispositivo de seguridad –hombre muerto– desactivado", por lo que "fue imprudente en su arte o profesión".
El juicio se inició con dos de las cuatro cabezas de querellas que había hasta ayer. Es que horas antes dos grupos de familiares de víctimas –la mayoría de heridos– desistieron del proceso tras alcanzar un acuerdo económico con TBA. Las dos querellas que siguen en pie mostraron sus diferencias apenas salieron de los tribunales: una apuntó contra el motorman, mientras que la otra insiste en responsabilizar a funcionarios y empresarios.
"Nuestra teoría del error humano se está tornando cada vez más firme", dijo el abogado Gregorio Dalbón a la prensa al destacar los resultados de los peritajes, que aseguran que los frenos funcionaban correctamente. " Si hubiera aplicado los frenos el maquinista, este hecho no se producía", añadió.
En cambio, María Luján Rey –madre de Lucas Menghini Rey–, que está representada por el abogado Leonardo Menghini, pidió que el juicio termine con una pena no sólo para el motorman. "No tengo dudas de que el juicio será condenatorio", dijo.
En declaraciones al canal TN, reconoció que fue una "situación incómoda que genera impotencia" estar en la misma sala que los acusados. Las partes estuvieron separadas por un Blindex y tuvieron que acceder por lugares distintos. "Ahí están sentados, ahora tendrán que dar explicaciones ante la Justicia", dijo.
El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio al proceso oral, poco más de dos años después del incidente ocurrido el 22 de febrero de 2012. Los ex secretarios Jaime (2003-2009) y Schiavi (2009-2012) serán juzgados por la falta de controles en los subsidios estatales que recibía la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Los empresarios Sergio y Mario Cirigliano, en tanto, están acusados por desviar fondos públicos hacia empresas tercerizadas, presuntamente de su propiedad.
Durante el proceso, la Justicia intentará determinar qué pasó con los dos mil millones de pesos que recibió TBA como subsidio del Estado entre 2003 y 2010, y por los cuales los ex funcionarios son acusados por administración fraudulenta, a la par que en instrucción otro juez, Sebastián Ramos, evalúa específicamente el dinero público que recibieron las concesionarias.
La investigación que llevaron adelante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Federico Delgado descubrió que varios millones de pesos tenían otros destinos no vinculados con el mantenimiento del sistema ferroviario. Aparentemente, Claudio Cirigliano utilizó una tarjeta corporativa de TBA para realizar gastos exorbitantes por medio millón de pesos en muebles traídos de la Polinesia, joyas, viajes y otros artículos de lujo para uso personal.
Está prevista la declaración de 300 testigos a lo largo del proceso, que se estima en no menos de un año, el cual estará a cargo de los jueces federales Jorge Gorini, Jorge Alberto Tassara y Rodrigo Giménez Uriburua.