El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación judicial para determinar si el Ministerio de Planificación Federal discriminó políticamente a las provincias no manejadas por el kirchnerismo al entregarles menos fondos para la construcción de viviendas.
El funcionario judicial consideró que debe ser investigada la denuncia que hicieron varios legisladores de diferentes sectores de la oposición entre los que se encuentran Elisa Carrió, Fernando "Pino" Solanas, Manuel Garrido y Alcira Argumedo.
En la acusación realizada por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos se señaló que la distribución de fondos destinados al Plan Federal de vivienda se hizo de acuerdo a "afinidades políticas" y no a los criterios "objetivos establecidos legalmente".
Los denunciantes observaron que para repartir el dinero destinado a facilitar el acceso a la vivienda deben usarse como parámetro "los valores de participación de cada provincia en el déficit habitacional y los índices de distribución fijados en la normativa que regula el Sistema Federal de Vivienda".
La querella se centró en las variaciones de dinero que tuvieron las provincias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Catamarca, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires.
Según los denunciantes, en Córdoba cambió el modo de asignación a medida que el gobernador José Manuel de la Sota se alejó del oficialismo: en 2006, esa provincia -siempre de acuerdo a la denuncia- recibió 120 millones de pesos, mientras que en 2012, solo 35 millones. Durante esos años esa provincia mantuvo los mismos índices de participación en el déficit habitacional (5,3%) y en el coeficiente de distribución (5,7%) del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Una situación similar se describe respecto de Santa Fe: desde que en 2007 gobierna el Frente Progresista Cívico y Social se redujo el dinero enviado para vivienda.
Situaciones parecidas se señalaron respecto de la provincia de Corrientes y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde que la gobierna Mauricio Macri. También fueron reducidas las partidas de la provincia de Chubut cuando el ex gobernador Mario das Neves se distanció del kirchnerismo. Y de Catamarca cuando el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral –que alguna vez fue radical K- dejó de revistar en el oficialismo nacional.
En el sentido inverso, los denunciantes explicaron que la llegada de Jorge Capitanich a la gobernación del Chaco hizo que subieran los montos que recibían los chaqueños para vivienda.
En Jujuy, durante todos estos años se mantuvo un porcentaje superior al que marcarían los índices, algo muy parecido a lo que sucedió en Entre Ríos. Para los denunciantes hay dos casos que se destacan: el de San Luis, que entre 2006 y 2010 -gobernada por los Rodríguez Saá- recibió apenas 4 millones de pesos -una cifra ínfima- para vivienda. Y el de la provincia de Buenos Aires, que en los últimos años recibió fondos por encima de lo que establecen los índices.
El fiscal estipuló que la investigación debe abarcar desde 2006 hasta fines de 2013. Por el caso imputó al ministro Julio de Vido, al secretario de Obras Públicas José López –quienes están en sus cargos desde 2003- y al subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Germán Nivello, quien está en ese puesto desde 2012.
Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo que realice varias medidas de prueba al impulsar la investigación. Solicitó que el Ministerio de Planificación envíe al juzgado toda la normativa que regula la asignación de fondos para la vivienda. Que todas las provincias detallen los fondos recibidos para vivienda y el modo en que se asignaron. Que la Auditoría General de la Nación (AGN) informe si ha realizado algún estudio sobre fondos para vivienda. Que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informe las cifras de variación de déficit habitacional y la participación de cada provincia en la conformación de los índices. Y que el Consejo Nacional de la Vivienda realice algún dictamen relativo al déficit habitacional y a la distribución de los fondos nacionales.