Cuatro ex mandatarios se unieron para condenar, en un comunicado, el "deterioro" del respeto a los derechos humanos por parte del chavismo y reclamar en Venezuela "un debate constructivo conforme a los cánones de la democracia reconocidos universalmente".
El chileno Ricardo Lagos, que firma la declaración junto al brasileño Fernando Henrique Cardoso, el peruano Alejandro Toledo y el costarricense Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, hizo llegar el texto a la agencia de noticias EFE, pero se negó a hacer más declaraciones sobre Venezuela.
En el documento, los cuatro presidentes se declaran "amigos de la democracia venezolana" y manifiestan su "preocupación y alarma" por la violencia desde el 12 de febrero, cuando se iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
En la declaración se pide a todas las partes que inicien un debate constructivo para sacar a Venezuela de la "extrema polarización e intolerancia" y se reclama, "muy especialmente", al gobierno chavista que establezca "sin demora las condiciones propicias para ese debate, con una agenda compartida y sin exclusiones".
"Para ello es indispensable que cese de inmediato la persecución contra los estudiantes y los líderes de oposición, incluida la liberación del señor Leopoldo López y de todos los detenidos o perseguidos por razones políticas", señalan los ex jefes de Estado.
Consideran "imperativo" que se lleve a cabo "una investigación independiente y transparente sobre las denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos y que cese el hostigamiento a la prensa independiente, incluido el restablecimiento de la señal del canal internacional de TV (CNN en español) abolida por el Gobierno".
"Es también indispensable que las manifestaciones de protesta de los partidos de la oposición y de otras organizaciones sociales se mantengan dentro de los cauces pacíficos que han de regir en una sociedad democrática y del respeto debido al mandato de las distintas autoridades del país, en los términos pautados por la Constitución venezolana", añade el texto.
En opinión de los ex mandatarios, las "manifestaciones estudiantiles de protesta pacífica contra las políticas del Gobierno, que son normales en cualquier sociedad democrática, han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el Gobierno".
La declaración conjunta menciona la pérdida de vidas por heridas de bala en las manifestaciones, las denuncias de torturas que han hecho los estudiantes detenidos y las dificultades que sufren los medios para informar de los acontecimientos, las agresiones a periodistas y la falta de papel para la prensa escrita. "Adicionalmente, la protesta cívica y la oposición democrática han sido criminalizadas".
Por último, hacen "un llamado a la comunidad internacional a sumarse a un esfuerzo concertado para el fortalecimiento de la democracia y la preservación de la paz en Venezuela". Según datos oficiales, al menos 19 personas han muerto y más de 200 han resultado heridas en los hechos de violencia que han rodeado las protestas, en su mayoría no aclarados.