El Departamento de Estado de los EEUU advirtió, en un documento difundido este jueves, de la falta de garantías a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Ecuador. Sobre el primer país, señaló que el gobierno de Raúl Castro recurrió a "amenazas, intimidación, violencia extrajudicial" y otros medios para prevenir las libertades de expresión y asamblea, además de detenciones temporales "sin justificación legal" contra personas disidentes.
"Las prisiones continúan hacinadas y las instalaciones, el saneamiento y la atención médica son muy deficientes. Los informes de palizas a los prisioneros han sido comunes e incluyeron golpes por parte de los funcionarios de prisiones, así como entre los prisioneros", añadió el documento.
La situación de Venezuela, donde desde hace tres semanas hay enfrentamientos entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, fue una de las más denunciadas por los Estados Unidos. El mandatario "no respeta la independencia judicial ni permite que los jueces actúen de acuerdo con la ley sin miedo a las represalias" y "utiliza el sistema judicial para intimidar y perseguir de manera selectiva a líderes de la sociedad civil que son críticos con el Gobierno", de acuerdo con el informe.
Venezuela
"Seguiremos apoyando a aquellos sin voz en Venezuela, donde el Gobierno ha enfrentado a los manifestantes pacíficos con el despliegue de fuerzas en las calles y con el encarcelamiento de estudiantes", afirmó el secretario de Estado, John Kerry. "La solución a los problemas de Venezuela no se encontrará a través de la violencia, sino del diálogo", agregó.
Con respecto a Ecuador, el informe estadounidense repudió el uso por parte del gobierno de Rafael Correa de "leyes de difamación y reglamentos administrativos para suprimir la libertad de prensa y limitar la libertad de reunión", junto con los "ataques verbales y legales" contra medios de comunicación.
También figuran en el informe México, Chile, Uruguay, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina y Paraguay. En este último la impunidad es la situación "predominante" en los procesos judiciales, junto con la implicación de la policía en actividades criminales, incluidos asesinatos.
En Argentina, las principales violaciones son la "tortura" por parte de las policías provinciales, las "duras" condiciones en prisión y la violencia de género". En el caso argentino mereció una mención especial la corrupción política, con la inclusión, como ejemplo, de una causa que involucra al vicepresidente Amado Boudou.
El funcionario figura junto al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, como responsables de demorar o impedir, sin éxito, los procesos judiciales en su contra. "La legislación argentina contempla sanciones para los casos de corrupción de sus funcionarios, pero hay múltiples reportes sobre casos que involucran a agentes tanto del Gobierno como de los poderes Legislativo y Judicial, que quedan amparados por la impunidad y que sugieren una incapacidad para hacer valer la ley con ellos", denuncia el documento.
El texto menciona además presiones a la prensa independiente y falta de equidad en el reparto de la publicidad oficial.