La diputada Delsa Solórzano, abogada y activista por los derechos humanos, aseguró que en los últimos siete días el gobierno de Venezuela arrestó a 300 personas en todo el país. "Algunos, por horas; otros, por días; muchos fueron golpeados, vejados y reprimidos sólo por estar en las protestas", reveló para El Universal.
Juan Manuel Carrasco, de 21 años, y Jorge Luis León, de 25, quienes fueron detenidos el 13 de febrero y desde entonces vivieron días de calvario, son un ejemplo claro del panorama que describe Solórzano. Ambos permanecieron entre 55 y 60 horas incomunicados antes de declarar ante el juez. Juan Manuel, ciudadano español que nació en Venezuela y es hijo de un malagueño, denunció haber sido abusado por los oficiales de la Guardia Nacional: "a href="http://www.infobae.com/2014/02/19/1544761-manifestante-venezolano-detenido-oficiales-me-violaron-el-fusil" rel="noopener noreferrer" Me bajaron los pantalones y me metieron por el ano el cañón del fusil/a". Una vez en la corte, narró las múltiples violaciones de sus derechos que sufrió y hasta llegó a emocionar a la jueza cuando le solicitó: "Póngase la mano en el corazón si tiene hijos". Más tarde, el magistrado de la causa decretó el arresto domiciliario.
Según Solórzano, lo que hoy sucede en Venezuela "es la peor situación en materia de violación a los derechos humanos que ha vivido el país en los últimos 15 años". "La represión ha sido tan brutal que no tengo ninguna duda de que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura militar", afirmó.
"Llevo más de 300 muchachos que han estado presos. Hay padres y madres también en esas listas. Nunca habíamos tenido torturas en esta medida, como el caso de la violación de Juan Manuel", afirmó.
En diálogo con iInfobae/i, Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ministro de Interior durante la presidencia venezolana de Rafael Caldera, denunció que en su país se cometen crímenes de lesa humanidad: "Según el Estatuto de Roma, son delitos que ocurren como consecuencia de una política de Estado. Aquí hay una política de represión, con inspiración discriminatoria, porque se persigue al sector disidente. Como consecuencia de esta política de Estado -que es sistemática y generalizada-, se han producido homicidios, torturas y violaciones sexuales. No son crímenes de cantidad los de lesa humanidad, sino de calidad, muy distinto al genocidio". Prácticamente desolado, Aguiar afirmó que su país "vive una guerra civil no declarada".
La directora del Centro de Derechos Humano de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, explicó para el diario venezolano El Universal que el chavismo lleva 15 años en deuda con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que en la sentencia de 2004 por los sucesos del Caracazo (1989), "se exigía no sólo la reparación a las víctimas sino la garantía de la no repetición".
"Eso significa que era indispensable darles capacitación y formación a los funcionarios de seguridad en referencia al uso proporcional de las fuerzas, las normas para el mantenimiento del orden público y la forma de desmovilización sin represión".
"La Guardia Nacional está cometiendo las barbaridades más atroces que se hayan conocido en el país y eso es consecuencia de una ausencia de formación y de militarización del orden público", acusó la jurista.
Hace más de 20 días que diferentes sectores opositores, con los estudiantes como protagonistas, tomaron las calles venezolanas para protestar contra lo que ellos mismos llamaron "el desastre de Maduro": desabastecimiento, inflación e inseguridad. Hasta el momento, se registraron 5 muertos, un centenar de heridos y un número incierto de disidentes detenidos. El preso emblemático es Leopoldo López, el dirigente opositor que centralizó la ira chavista.