La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes el asesinato de Pedro Palma, propietario de la publicación iPanorama Regional/i, que era distribuida en el estado de Río de Janeiro. Este es el segundo homicidio cometido contra periodistas en Brasil en lo que va del año. La SIP exigió a las autoridades una "investigación célere y exhaustiva".
Palma fue muerto a balazos el jueves por la noche. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon tres veces frente a su casa. Un amigo de Palma dijo al diario iO Globo/i que el periodista confesó haber recibido amenazas. Panorama Regional, fundado el 15 de mayo de 1994, denunció irregularidades en la Alcaldía de Miguel Pereira, ciudad localizada a más de 100 kilómetros de la capital estatal.
La Policía informó que está analizando todas las líneas de investigación, y que próximamente citará a los familiares de la víctima para que presten declaraciones. Pero, según la agencia ABR, vecinos del periodista tienen miedo de hablar sobre el crimen, debido a que por ser pequeña la ciudad "todo el mundo se conoce".
Ya esta semana, la SIP había lamentado la muerte de Santiago Andrade, camarógrafo de Band TV, que falleció días después de ser herido en la cabeza por un explosivo mientras cubría una manifestación que tuvo lugar el jueves 6 de febrero en Río de Janeiro.
Andrade, envuelto en las llamas del explosivo que le causaron la muerte
Cifras de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI) indican que, el año pasado, fueron heridos durante la cobertura de las protestas sociales 114 periodistas y tres durante 2014.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, insistió en la urgencia de que el Estado provincial y el Federal adopten medidas para garantizar la protección de los periodistas.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, recordó que la SIP viene promoviendo la aprobación de proyectos de ley y enmiendas a la Constitución brasileña para que los delitos contra periodistas sean atraídos a la jurisdicción federal, como mecanismos de mayor eficiencia y transparencia en la administración de justicia.