La solicitud de la SIP tiene que ver con la demora del gobierno nacional en la adopción de medidas de protección para periodistas prometidas hace más de un año. Es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Brasil creó en 2012 el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de los Profesionales de la Comunicación Brasil para proponer acciones de cara a prevenir y luchar contra la impunidad, mientras tanto en junio de 2013, tras los disturbios en los que numerosos periodistas fueron golpeados y amenazados por policías y manifestantes, se le encomendó a esa comisión establecer medidas de "protección especial" para los trabajadores de prensa durante la cobertura de protestas.
Santiago Andrade, camarógrafo de Band TV, fue alcanzado en la cabeza por un explosivo mientras cubría, el jueves 6 de febrero, una protesta frente a la principal estación de trenes de Río de Janeiro contra el aumento del pasaje de autobuses que derivó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Andrade, de 49 años, fue operado de emergencia ese día, pero los especialistas diagnosticaron que el camarógrafo padece muerte cerebral. Imágenes difundidas por medios brasileños registraron el momento en que Andrade, con su cámara al hombro, fue impactado en la cabeza por el explosivo, presuntamente lanzado por un manifestante.
Más allá de las investigaciones sobre responsabilidad de este caso, la SIP viene reclamando que los medios tomen medidas de prevención para periodistas que cubren eventos con potencial de violencia; entre ellas, abrazar el entrenamiento permanente y protocolos de seguridad.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su solidaridad con la familia de Andrade y sus colegas. Paolillo, director del semanario Búsqueda, de Uruguay, recordó que la protección de los periodistas es una garantía que se reclama en protocolos de la OEA, Unesco y ONU y que también entraña una responsabilidad de las empresas periodísticas.