Amado Boudou, Ciccone y el camino judicial

La investigación por la compra de la empresa que fabrica papel moneda entró en una etapa de definiciones en diciembre pasado. Se espera que haya movimientos del expediente en breve

DyN 162

¿Pedirá el fiscal Jorge Di Lello la indagatoria de Amado Boudou por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el Caso Ciccone? Esa era la pregunta que más se hizo ayer en los tribunales federales de Comodoro Py donde se investigan, entre otros, los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.

La respuesta se sabrá en los próximos días cuando Di Lello, tal como adelantaron fuentes judiciales, presentará ante el juez Ariel Lijo un amplio escrito donde solicitará indagatorias, testimoniales y medidas de prueba en la causa en la que el vicepresidente está imputado.

Se sabe en Tribunales que hasta que un fiscal o un juez no firma un escrito, todo puede cambiar. Por eso nadie afirmaba hoy que Di Lello fuera a pedir la indagatoria del primero en la sucesión presidencial por sospechas de corrupción. Tampoco nadie lo negaba.

Boudou fue imputado por el fiscal Carlos Rívolo en 2012 debido a que cuando era ministro de Economía en 2010, intercedió mediante una carta que envió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para que se le otorgara una quita a la empresa The Old Fund, que se había hecho cargo de Ciccone, una compañía con una deuda millonaria con la AFIP que había pedido su quiebra. The Old Fund estaba manejada por Alejandro Vandenbroele un empleado de José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou. Cuando se produjo el desembarco de la gente cercana a Boudou en Ciccone, la fábrica de billetes tenía una relación casi monopólica con la Casa de Moneda, entidad que depende de Economía. Fue la Casa de Moneda, antes de la estatización de Ciccone, la que contrató a esa empresa para fabricar billetes de 100 pesos. La sospecha es que Boudou se interesó en una empresa –manejada por su entorno-que iba a ser contratada por un área del Estado que dependía de él.

Otro nombre de un importante funcionario kirchnerista involucrado en el Caso Ciccone que sonaba como posible apuntado por Di Lello es el del director de la AFIP Ricardo Echegaray. El juez Lijo lo había citado como testigo para que diera su testimonio en mayo próximo. Pero Echegaray, tal como publica el diario Clarín, presentó ayer su declaración. Echegaray entregó a Lijo un escrito de 24 carillas en el que explicó cuál fue su actuación en el Caso Ciccone. Contestó por escrito, tal como se lo permite la ley a los funcionarios que deben declarar como testigos, ocho preguntas formuladas por Lijo. Allí explicó que The Old Fund, una vez levantada la quiebra de Ciccone, pidió una quita "sobre el total de la de la deuda correspondiente a los intereses, multas y honorarios". En su escrito al que accedió Infobae en fuentes judiciales, Echegaray señaló que "el otorgamiento de "moratorias" que impliquen quitas escapa a las facultades y competencias de esta Administración Federal, ya que las quitas solo se otorgan -en la actualidad- por ley del Congreso de la Nación".

Ese pedido fue girado a Economía. Boudou mediante una nota del 8 de octubre de 2010 recomendó que se le otorgara lo solicitado. El expediente pasó por las manos del Jefe de Asesores de AFIP Rafael Resnick Brenner quien sigue la línea trazada por Boudou. Echegaray rechazó el pedido de The Old Fund y en noviembre de 2011 Vandenbroele presentó una solicitud de plan de facilidades que fue otorgado por la AFIP, que tiene atribuciones para ello.

A pesar de su descargo, no se descarta que Di Lello pida la indagatoria de Echegaray y de Resnick Brenner por la participación en la maniobra. También se especulaba con que el fiscal iba a plasmar en papel lo que en diciembre pasado planteó en una declaración testimonial. Cuando declaró como testigo Nicolás Ciccone, dueño de la empresa, y complicó a Boudou en las negociaciones por la adquisición, Di Lello planteó que debía suspenderse la audiencia porque el empresario estaba imputado en la causa. Cuando Lijo le pidió que describiera la imputación, la audiencia continuó. Tal vez Di Lello describa el hecho por el cual Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, que también declaró como testigo, deban ser llamados a indagatoria.

Recién cuando el fiscal presente su escrito ante Lijo se conocerá para quiénes habrá pedidos de indagatoria, quiénes deberán declarar en testimonial. Será el juez Lijo quién decida si hace lugar o no a las medidas solicitas por Di Lello.

Queda otra pregunta dando vueltas: ¿Qué hará Boudou si el fiscal del caso pide su indagatoria? En abril de 2012, por un hecho procesal menor que el hipotético pedido de indagatoria de un fiscal, habló en el Senado. Luego de que por orden del juez Daniel Rafecas y a solicitud de Rívolo, le allanaran el departamento que alquilaba en Puerto Madero, Boudou denunció una conspiración. Medios de comunicación, jueces, empresas vinculadas al juego y hasta el por entonces Procurador General Esteban Righi, fueron acusados por Boudou por su situación judicial de entonces. Rafecas y Rívolo fueron apartados de la causa. Righi fue invitado a renunciar. ¿Cómo reaccionará ahora si es que piden que se lo cite a declarar en indagatoria?