Un nuevo recurso presentado en la tarde del miércoles ante la Suprema Corte de Estados Unidos, minutos antes de la hora prevista para la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, retrasó la aplicación de la sentencia. Sus abogados entregaron nuevos argumentos y lograron detener el procedimiento, informó a la AFP un vocero de las autoridades penitenciarias de ese Estado.
Sin embargo, la Corte Suprema rechazó este miércoles las apelaciones de último minuto presentadas para suspender la ejecución del mexicano Edgar Tamayo Arias, informó su equipo de abogados defensores.
"El señor Tamayo será ejecutado, a pesar de las pruebas de que su derecho a asistencia consular fue violado. Si hubiese tenido la asistencia del consulado mexicano durante el proceso, Tamayo nunca habría sido sentenciado a muerte", expresaron sus defensores en una nota.
Tamayo, condenado por el asesinato de un policía en 1994, debía ser ejecutado esta tarde en el estado de Texas mediante inyección letal.
Según informó Excelsior, antes de su traslado a la cámara de la muerte, Tamayo conversó durante dos horas con sus padres, Héctor Tamayo e Isabel Arias, y recibió por separado durante otras dos horas a sus dos hijas. Pidió chuletas de cerdo, arroz, vegetales verdes, café y té como última cena.
Una lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales intentaron a último minuto evitar la muerte del mexicano, condenado por el asesinato de un policía en 1994 en Houston, pero privado de sus derechos consulares, lo que viola la Convención de Viena.
La Convención de 1963, ratificada por 175 países, incluidos los Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos.
El martes por la noche, un juez federal de Texas rechazó una demanda para postergar la ejecución del reo y volver a revisar su caso, como decidió la Corte Internacional de Justicia en 2004, al determinar que se le había proporcionado un "procedimiento justo".
Varias organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, denuncian "la violación vergonzosa del derecho internacional", tanto en este caso como en los de otros 50 mexicanos que se encuentran en el corredor de la muerte en los Estados Unidos.
Presiones diplomáticas
El martes, el gobierno federal estadounidense ejerció su presión sobre el Estado de Texas, mientras que el gobierno mexicano volvía a manifestar su rechazo a que Tamayo Arias sea ejecutado.
"Simplemente pedimos que se postergue la ejecución hasta que podamos ver si el hecho de que no gozó de sus derechos consulares conforme a la Convención de Viena fue perjudicial", resumió la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf.
A fines de 2013, el secretario de Estado John Kerry ya había solicitado una prórroga para Tamayo Arias ante el gobernador de Texas, Rick Perry, al insistir sobre "la obligación de los Estados Unidos ante el derecho internacional" y las inevitables repercusiones que podría tener para los estadounidenses detenidos en el extranjero.
El tema fue nuevamente tratado el viernes entre Kerry y su homólogo mexicano en Washington, mientras que funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia hacían lo propio en Texas.
Por su parte, el gobierno mexicano reafirmó "su rechazo a la ejecución (...) en clara violación a las obligaciones internacionales de los Estados Unidos".
Este caso "pone en peligro el respeto de los derechos humanos y representa una violación al derecho internacional y al derecho interamericano", estimó de su lado Emilio Rabasa, embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Mientras que para Robert Freer, de Amnistía Internacional (AI), "el rechazo a los derechos consulares significa literalmente la diferencia entre la vida y la muerte".
Sin lágrimas y resignado
"Nos dice a su mamá y a mí, pues que seamos fuertes, porque solamente Dios dice la última palabra. Él está resignado con lo que pase", contó Héctor Tamayo, padre de Edgar Tamayo Arias, el martes en una entrevista radial con el mexicano Grupo Fórmula desde Huntsville. Tamayo aseguró que su hijo "está tranquilo. No está llorando ni nada".
En Cuernavaca, una ciudad del centro de México, unas 200 personas marcharon este martes para protestar contra su ejecución. Mientras que en la Ciudad de México, frente a la embajada de los Estados Unidos, otro centenar de integrantes de una organización defensora de los derechos de los inmigrantes llamó a anular la pena capital.
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dijo María García, fundadora y presidente de la ONG binacional Migrante Aztlán Chicago-México.