La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma por las acciones judiciales de censura contra el diario El Universal de Venezuela, que pretenden prohibir información sobre violencia e inseguridad en el país, así como por las sanciones a proveedores de internet y anuncios sobre leyes adicionales para restringir el contenido periodístico.
La Fiscalía General exigió este martes a la Justicia que condene a El Universal por "violar los derechos de los niños y adolescentes", luego de que publicó una fotografía en la portada del 20 de noviembre en la que se observa un brazo inerte y una mancha de sangre en el suelo, imagen con la que el diario aludió al secuestro y posterior asesinato de un joven ingeniero a mano de delincuentes. La foto fue difundida con detalles por otros medios en internet.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que "estamos preocupados y alarmados por la legalización de la censura que se disfraza con leyes, decretos y acciones judiciales, tratándose de dar la apariencia de que existe libertad de prensa en el país".
El pedido al tribunal busca prohibir "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física,... que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños". Solicitó además la aplicación de una multa millonaria a El Universal correspondiente al 1 ó 2 por ciento de sus ventas brutas en 2012.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo tener pocas dudas sobre el desenlace del caso de El Universal, considerando la multa y censura aplicada a los diarios El Nacional y Tal Cual de Caracas por una foto publicada en 2010 en la que se veían cadáveres amontonados en una morgue de Caracas.
Agregó que el gobierno no sólo busca silenciar la inseguridad, sino también la crisis económica que afecta al país. Se refirió así a las sanciones aplicadas el 9 de noviembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra nueve empresas proveedoras de internet - CANTV, Movilnet, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, NetUno, Omnivisión y Level13 - por haber difundido sitios web "destinados a la cotización de divisas con montos distintos a los a los establecidos oficialmente", en violación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que prohíbe "la difusión de mensajes que fomenten la zozobra" y, entre otras razones, que "alteren el orden público".
Paolillo indicó también que la SIP se mantendrá en alerta por el reciente anuncio desde distintas fuentes del gobierno, sobre el impulso, a comienzos de 2014, de una Ley de Comunicación y Periodismo para regular aún más el contenido informativo.
El 7 de octubre pasado, Nicolás Maduro creó por decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) con el propósito de solicitar, organizar, integrar y evaluar "las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas".