El fiscal federal de la causa, Gerardo Pollicita, citó a declarar a alumnos del colegio Nacional Buenos Aires, con el objetivo de que brinden datos sobre los estudiantes que causaron destrozos y pintaron muebles durante la toma del establecimiento educativo y que profanaron la iglesia San Ignacio de Loyola.
La causa era tramitada por la Justicia de la Ciudad, pero pasó al fuero federal donde se investiga actualmente y en la que interviene el juez federal Norberto Oyarbide. El motivo es que se investigan daños producidos en un edificio de interés histórico considerado patrimonio cultural.
De esta manera, la situación de los jóvenes se complica. Se dan dos situaciones diferentes entre los que ya cumplieron 18 años, que son imputables y pueden ser acusados por un delito grave -como en el caso del alumno identificado como autor de las amenazas- y el resto de entre 16 y 18 años, que pueden quedar imputados por delitos que se castigan con un máximo de tres años de prisión, publicó el diario La Nación.
Ayer, el rector del colegio, Gustavo Zorzoli, reconoció ante la Justicia al alumno que lo amenazó vía e-mail para forzarlo a que retire las sanciones a otros estudiantes que provocaron destrozos durante la última toma del establecimiento.