La esposa del activista detenido adelanta trámites para viajar a Rusia junto a su hija de un año

Margarita Malig, la mujer de Hernán Pérez Orsi, el argentino de Greenpeace condenado a dos meses de prisión preventiva, dijo que "no pensó que esto iba terminar así", que "van a apelar la sentencia" y que desde hace cuatro días "no tiene contacto con él"

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La mujer del activista argentino preso en Rusia aseguró esta mañana en diálogo con Vorterix que "en ningún momento" se imaginó que su esposo podía quedar detenido luego de una protesta contra una plataforma petrolífera del gigante ruso Gazprom, en el Ártico.

Reveló, además, que está haciendo trámites para viajar a acompañarlo junto a su hija de un año. "Estoy haciendo los trámites como para poder viajar y acompañarlo en caso de que pueda estar con él. Tenemos a Julia, de un año, y la idea es viajar con ella", expresó.

Asimismo, la mujer explicó que "la idea es que no estén en una cárcel, sino en algún tipo de residencia". Respecto a la noticia de la sentencia, manifestó: "La recibimos bastante mal, pensábamos que no iba a suceder esto".

Dijo también que no ha tenido contacto con su esposo y que esperaba "tenerlo hoy", al tiempo que ratificó que la decisión de la Justicia rusa "se va a apelar para que los liberen lo antes lo posible".

De igual forma, explicó que "la prisión es preventiva para realizar la investigación" y que "hasta el momento no hay cargos". "Por eso nos llamó la atención que los tengan detenidos igual".

Ayer, un tribunal prolongó dos meses más la detención de 21 de los ecologistas arrestados, entre los que se encuentran los argentinos Camila Speziale, de 21 años, una estudiante de fotografía alistada en la organización desde los 17 años, y Pérez Orsi, quien forma parte de Greenpeace Internacional.

Según su esposa, se desempeña como "capitán de ultramar y trabaja desde hace dos años para uno de los barcos de Greenpeace". También, contó la mujer, participa de las campañas de la organización ecologista.

El Comité de investigación aseguró que necesitan detener a los activistas por tres razones: pueden continuar la actividad criminal, destruir pruebas o huir del país.