Amado Boudou consiguió que dos jueces de Casación le den una pequeña esperanza para, antes de fin de año, cerrar el Caso Ciccone. En ese expediente el vicepresidente –por estos días a cargo de la presidencia- está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusa de haberse interesado en que la AFIP le otorgara facilidades a una ignota empresa llamada The Old Fund, que se quedó con la imprenta Ciccone.
Al frente de esa empresa quedó un abogado llamado Alejandro Vandenbroele. Su ex mujer, Laura Muñoz, declaró que su ex marido hacía negocios para Boudou. Boudou y Vandenbroele aseguran no conocerse aunque hay muchos indicios de que esa aseveración no es cierta.
Primero Boudou y luego Vandenbroele plantearon la nulidad de la declaración de Muñoz porque, argumentan, está prohibido declarar en contra de un cónyuge. En el caso de Vandenbroele y Muñoz, estaban en trámite de divorcio y había un planteo judicial por el pago de alimentos para la hija de ambos.
Vandenbroele pidió la nulidad del testimonio de Muñoz, del allanamiento realizado en su casa donde se secuestraron dos computadoras que podrían tener información sobre el caso y también el inicio de la causa, que se basó en las notas periodísticas sobre Muñoz y el entramado de negocios que rodeó a la imprenta Ciccone.
El juez Ariel Lijo, que investiga a Boudou, dijo que la declaración era válida, lo mismo que el allanamiento realizado en la casa de Muñoz y el inicio de la causa. Boudou y Vandenbroele apelaron. Dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal dijeron que esas pruebas eran válidas y que la causa debía seguir. Pero Vandenbroele solo -pero con la letra de Boudou- apeló a Casación. En julio pasado los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky abrieron el caso a estudio cuando aceptaron la queja de Vandenbroele -que también busca favorecer a Boudou. El tercer juez de la sala de Casación, Juan Carlos Geminiani, votó en contra. En la causa le tocó dictaminar a Javier de Luca, uno de los fiscales de la Casación.
De Luca es un hombre respetado en el ambiente del derecho penal. Se le reconoce formación y trayectoria. En los últimos tiempos se transformó en uno de los voceros del colectivo judicial kirchnerista "Justicia Legítima".
El 30 de agosto pasado De Luca, en un dictamen de 9 páginas al que accedió Infobae, dictaminó en contra de la nulidad de las pruebas generadas en derredor de Muñoz. De Luca citó jurisprudencia para respaldar su dictamen y planteó varios casos en los que analizó si era posible que un cónyuge diera su testimonio contra su pareja. De Luca señaló en sus consideraciones generales que "si la declaración versa sobre algo que ya se está investigando por una vía independiente o que se podría investigar por otras vías paralelas aunque estas no se hubieran desplegado aún, las pruebas obtenidas a partir de la originaria declaración no deben ser invalidadas"
Y respecto del Caso Ciccone dijo que "a poco que se lea la causa, como lo releva el fiscal de la instancia, el juez de la instrucción y la mayoría de la Cámara Criminal y Correccional Federal, en el caso de autos existían vías de investigación independientes y nada se extrajo para la causa de los dichos de la mujer. Por ejemplo, una denuncia anterior judicializada en otro juzgado, las noticias periodísticas de fines de 2010 y principios de 2011, que mencionan los datos de las empresas involucradas en un asunto oficial (la fabricación de moneda), la AFIP, el ministerio de Economía, y algunos nombres, suficientes para iniciar una investigación con el fin de descartar que se hubiera procedido de manera favorable y de manera incorrecta respecto de una compañía. Si finalmente se demuestra que estas actividades constituyen delito o no lo son, será algo propio del objeto de la causa sobre el que no corresponde expedirse ahora".
El fiscal avaló la realización del allanamiento, pedido en su momento por el fiscal Carlos Rívolo y autorizado por el juez Daniel Rafecas, ambos desplazados por presión de Boudou. De Luca explicó que "uno de los domicilios allanados, por más que a la fecha de la diligencia fuera el de Laura Muñoz, cabía la relevante posibilidad de que allí se encontraran elementos de su marido útiles para la investigación en ciernes. Allí se fue a buscar prueba, con prescindencia de su consentimiento. Por eso se libró orden de allanamiento. Es decir que la esposa de un imputado haya dicho que su marido era testaferro del por entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la nación no sirve al caso absolutamente para nada pues ni siquiera plantea una sospecha de la comisión de un delito respecto de él ni del alto funcionario mencionado. Ni siquiera aporta un dato o documento sobre algún hecho concreto con relevancia jurídico penal". Basado en esos argumentos, De Luca dictaminó que el testimonio de Muñoz no es nulo y debe ser convalidado por la Casación. Los jueces Borinsky, Hornos y Geminiani tienen la palabra. Si anulan los dichos de Muñoz, sostienen en Tribunales, hieren de muerte -y la ponen al borde del cierre- una causa en la que se investiga por corrupción al vicepresidente de la Nación.