Los fondos buitre vuelven a denunciar el pacto con Irán

ATFA, el grupo de lobby que representa a los tenedores de bonos impagos por el gobierno nacional, publicó una nueva solicitada en el Washington Post cuestionando el acuerdo con Teherán por la causa AMIA. Hace casi un mes financiaron otra publicidad calificándolos de "aliados vergonzosos"

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En un nuevo capítulo de la guerra entre los fondos buitre y el gobierno, ATFA, el grupo encargado de hacer lobby por los tenedores de bonos impagos por la administración Kirchner, publicó hoy un aviso a toda página en el diario Washington Post denunciando el pacto de Argentina con Irán por la causa AMIA.

En la solicitada, ATFA pregunta "¿Cuál es la verdad del acuerdo de Argentina con Irán?", y muestra una foto de la presidente Cristina Kirchner y el mandatario electo iraní Hassan Roahani.

La publicidad también incluye las supuestas versiones encontradas acerca del pacto, una señalando el objetivo del gobierno de los Kirchner ("interrogar a los ciudadanos iraníes"), y otro el discurso de la teocracia persa al respecto ("bajo ninguna circunstancia Irán permitirá que el juez y fiscal argentino entre a Teherán a interrogar a funcionarios acusados").

Esta no se trata de la primera acción mediática del grupo de lobby norteamericano en contra del gobierno argentino, que se niega a pagar a los fondos buitre el 100% del valor de sus títulos, alrededor de unos 1330 millones de dólares, como lo dictó el juez Thomas Griesa.

Hace un mes, contrataron espacios en el Washington Post, Politico, Roll Call, y otra serie de publicaciones de la capital norteamericana, en la que una solicitada con el rostro de Cristina Kirchner y el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad eran acompañados de las frases: "Argentina e Irán: Aliados Vergonzosos" y "¿Un pacto con el diablo?".

En un mismo sentido crítico, para la protesta del 8 de noviembre el grupo colocó en su web una tarjeta roja similar a la de un árbitro de fútbol con la leyenda "Basta K".

Horas antes de la medianoche de ayer, el gobierno presentó la primera apelación al fallo del juez Griesa que obliga a pagar a algunos acreedores que no entraron en los canjes de deuda del 2005 y 2010.