Las delegaciones de Bolivia y de Chile se reunieron este miércoles en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para cerrar detalles del inicio de la fase escrita del litigio marítimo entre ambos países.
El representante chileno ante la CIJ, Felipe Bulnes, indicó a la salida del encuentro que su país "tiene la convicción de que las aspiraciones y las expectativas de Bolivia no le otorgan título sobre el territorio chileno ni sobre ninguna porción de su mar".
Bulnes remarcó que esa es la postura que van a mantener como línea argumental en el litigio que le enfrenta a Bolivia ante el máximo órgano judicial de la ONU. La demanda ha sido iniciada por el gobierno de La Paz.
A su vez, precisó que la delegación chilena "registra con atención" las palabras de Evo Morales "porque lo que comente el presidente de Bolivia también tiene efectos sobre lo que se esté postulando en la Corte".
Por su parte, la delegación boliviana -encabezada por el ministro de Exteriores, David Choquehuanca- declinó hacer declaraciones, aunque fuentes diplomáticas indicaron a la agencia de noticias EFE que mantuvo "reuniones durante todo el día" para tratar cuestiones relacionadas con la demanda ante la CIJ.
Además del canciller Choquehuanca, forman parte de la delegación boliviana el jefe de la dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Juan Lanchipa, y el representante y agente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé.
Completan la representación de Chile el director jurídico del Ministerio de Exteriores, Hernán Salinas; el embajador en Holanda, Juan Antonio Martabit, y la abogada María Teresa Infante, coagente de Chile en la demanda presentada por Perú ante la CIJ y cuyo fallo podría conocerse el próximo mes de julio.
Convocada por el presidente del Alto Tribunal, Peter Tomka, la reunión, que se celebró a puerta cerrada, duró "aproximadamente una hora". El encuentro ha sido el primero entre ambos países después de que Bolivia presentase su demanda el pasado 24 de abril ante la secretaría de la CIJ, con sede en La Haya.
En su demanda, Bolivia pide al máximo órgano judicial de la ONU que obligue a Chile a negociar una salida al mar con soberanía para ese país, que perdió su acceso al océano en la Guerra del Pacífico (1879-1883) librada contra su vecino.
Como base jurídica de la demanda, La Paz invoca el artículo XXXI del Pacto de Bogotá de 1948, a través del cual tanto Chile como Bolivia reconocen la jurisdicción de la CIJ como órgano mediador en conflictos entre Estados.