En el 'juicio del siglo' -como lo bautizó la prensa- el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó a 38 ex funcionarios, empresarios y banqueros involucrados en una red de compra de votos en el Congreso, orquestada entre 2002 y 2005 por el Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno desde hace 11 años.
Conocido como el 'Mensalao' (gran mesada en español), el caso inmortalizó una de las prácticas más enquistadas en la política brasileña: el pago de favores políticos, y encarceló a 25 responsables penales.
Fundador y líder del PT, Lula había sido excluido de la causa penal y aunque el escándalo estalló un año antes de la campaña electoral, consiguió ser reelecto hasta 2010. Sin embargo su partido, que conserva el poder con Dilma Rousseff, perdió dirigentes históricos y la bandera contra la corrupción que alzó desde su origen.
El juicio involucró a dirigentes de larga data del PT, incluidos tres ex ministros: José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes), y casi una docena de ex congresistas de cuatro partidos que conformaron la base aliada de Lula.
"El pedido para que el STF denuncie a Lula da Silva es jurídicamente imposible", señaló Joaquim Barbosa, magistrado relator del caso. La defensa del ex diputado Jefferson, uno de los 38 procesados y quien desató el escándalo en 2005, acusó al ex mandatario de haber ordenado sobornar a legisladores a cambio de que respaldaran proyectos de ley en su primer mandato (2003-2007) y pidió la inclusión de Lula en el juicio.
El "Mensalao" funcionaba a través de un publicista dueño de varias empresas, Marcos Valerio de Souza, que logró contratos para realizar campañas del Gobierno.
Los recursos no utilizados en esas campañas eran entregados a parlamentarios o sus asesores, al tiempo que de Souza contraía préstamos con bancos privados y públicos, que iban a parar a los cofres del PT.
No existe un cálculo de cuánto dinero pudo ser desviado, pero fueron "millones de reales", según la fiscalía. El ex tesorero del PT y una de las piezas clave del caso, Delubio Soares, negó el pago de mensualidades a los parlamentarios, pero reconoció que pudo incurrir en un delito electoral al no registrar todos los recursos que ingresaban al partido.